En la mayoría de los pasos fronterizos de Estados Unidos no se realizan inspecciones de salida a las personas y vehículos que se dirigen hacia México y tampoco se ejecutan operativos para decomisar armas, explosivos y municiones, por lo que el aseguramiento de armamento ha caído 66% en los últimos dos años.
El gobierno de Estados Unidos ya advirtió que por ello está desaprovechándose la oportunidad de impedir que los grupos del crimen organizado tengan acceso a importantes activos.
Un informe del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos señala que los oficiales de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su sigla en inglés) “no realizan inspecciones de salida ni decomisos y, por lo tanto, están perdiendo oportunidades para impedir que dinero, armas de fuego, explosivos y narcóticos lleguen a los grupos criminales que perpetran la violencia transfronteriza”.
Las autoridades descubrieron que la frecuencia de las inspecciones, las técnicas de revisión, la tecnología y la infraestructura existente varían entre cruces fronterizos porque no existe un “programa estructurado de inspección” y los agentes usan “su criterio profesional” al momento de decidir cuándo y a quién revisar en los pasos aduanales.
Esa porosidad en la frontera permite que cada año ingresen 200 mil armas ilegales hacia nuestro país, de las cuales, dos terceras partes fueron producidas o importadas por tiendas de armamento estadunidenses.
De acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por su sigla en inglés), entre 2017 y 2022 se han analizado 123 mil rifles y pistolas que fueron decomisadas en México, de las cuales, 83 mil 560 fueron elaboradas por armerías estadunidenses o comercializadas por las llamadas Gunshop.
Entre las atribuciones que tiene la ATF se encuentra proteger a la población de delincuentes violentos, hacer frente a amenazas terroristas, erradicar la piratería, combatir contra organizaciones criminales y erradicar el uso y tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos.
Por tal motivo, los agentes de esta oficina han realizado diversos operativos para decomisar armamento al interior de Estados Unidos; sin embargo, sus atribuciones no permiten que puedan operar en la frontera para ayudar a cubrir los puntos flacos que registra la CBP.
Estadísticas de la patrulla fronteriza revelan que entre los años fiscales 2022 y 2023 decomisaron 7 mil 974 armas que se dirigían hacia México; sin embargo, esa cantidad representa una reducción de 66% con respecto a lo reportado en el periodo 2020-2021.
A diferencia de otros rubros, la pandemia de covid-19 ayudó para que los agentes fronterizos de Estados Unidos tuvieran su mejor desempeño de los últimos años tras arrebatar más de 14 mil armas a los criminales y todavía en 2021 el registro fue de 9 mil 320 decomisos.
Con lo anterior, se puede observar que en los dos años más álgidos de la crisis sanitaria, el gobierno estadunidense logró asegurar 24 mil 774 armas que intentaban cruzar la frontera hacia nuestro país para fortalecer el poder de fuego de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Mientras que los decomisos caen, la política se estanca; apenas en marzo de este año el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que refuerza los controles de las ventas de armas de fuego con el que pretende evitar que personas con problemas mentales, antecedentes penales y de abuso doméstico accedan a una pistola.
Pese a que la medida beneficia indirectamente a México en su lucha por el tráfico ilegal de armas, el mandatario estadunidense tuvo que hacer alusión a nuestro país por comentarios del presidente Andrés Manel López Obrador sobre que las regulaciones de armas en EU ayudan a que se reduzca la violencia en nuestro país.
Del lado mexicano, el gobierno federal mantiene su litigio en contra de las armerías estadunidenses por ser el origen de donde se nutren los cárteles de la droga para fortalecer su poder de fuego con armas cada vez más sofisticadas.
Pese a que esta estrategia logró poner el tema de las armas en la discusión pública, para el especialista del Centro de Investigación y Docencia Económica en temas de armamento y seguridad, Carlos Pérez Ricart, el gobierno tiene que dejar de esperar grandes resultados de Estados Unidos y empezar por mejorar la seguridad en los viajes que provienen de la frontera norte.
“En todo caso es México quien debería de empezar a poner restricciones y mayores niveles de seguridad para los viajes norte-sur para equilibrar los flujos fronterizos y tener una nueva carta con la cual negociar con el gobierno de Estados Unidos”, aconsejó.