Denuncian que desde hace más de un año, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se encuentra inoperativo.
El colectivo EPU dio a conocer el “Informe sobre tortura y malos tratos”, donde se expone que de 2019 a 2022, agentes de policías municipales, de las secretarías de seguridad y agentes de investigación adscritos a las fiscalías acumularon más de 9 mil 500 quejas por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En su “Informe sobre tortura y malos tratos”, destaca que los recursos humanos para investigar la tortura son insuficientes, pues existen alrededor de 200 agentes del Ministerio Público en todo el país encargados de investigar delitos de tortura.
”Al menos en la mitad de los estados hay tres o menos agentes de ministerio encargados de investigar la tortura”, expone el colectivo que agrupa a 300 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
Resalta que, desde hace más de un año, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que es una instancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el país, se encuentra inoperativo.
Agrega que este órgano es gobernado por un Comité Técnico compuesto por cuatro personas con experiencia en materia de derechos humanos, prevención de la tortura o materias afines.
Sin embargo, en febrero de 2022 finalizó el mandato de los dos únicos integrantes que quedan en el Comité Técnico y hasta la fecha no existe ninguna convocatoria ni iniciativa parlamentaria para elegir a sus integrantes.
Sostiene que la tortura en México es una práctica generalizada, que queda en la impunidad, pues durante 2022 sólo se emitieron cuatro sentencias por tortura a nivel federal.
Señala que, en el caso de personas indígenas, 66% de hombres y 64% de mujeres fueron víctimas de violencia durante la detención. Las agresiones sicológicas son las más comunes, con 61.8%, seguidas de las físicas, con 47.3% y la violencia sexual, con un 33.5%.
Dice que otra finalidad de la tortura es impedir la defensa de las personas en juicio.
El colectivo señala que al interior de las prisiones existe una grave incidencia de abusos “con un marcado componente sexual”. Y es que, de acuerdo con la Enpol, durante el referido año se presentaron 64 mil casos de desnudez forzada y 24 mil víctimas a los que se les propinaron golpes, descargas eléctricas, aplastamiento, cortaduras o introducción de objetos en órganos sexuales.
Resalta que el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México reconoce la persistencia de la tortura sexual contra mujeres por parte de agentes de seguridad pública, tanto a nivel estatal como federal.
