En la concentración se presentó el decálogo de la Marcha por la Democracia, en el cual, entre otros puntos, se exigió que se dejen de utilizar programas públicos y servidores de la nación con fines electorales.
Con la exigencia al presidente Andrés Manuel López Obrador a que saque las manos del proceso electoral, y un llamado a que no haya más propaganda engañosa ni se permita la intromisión, la Marcha por la Democracia presentó su decálogo.
En voz de Ana Lucía Medina y con un Zócalo que, de acuerdo con los datos de los mismos organizadores, contó con la asistencia de 700 mil personas, la movilización planteó que ya no se utilicen a los servidores de la nación y los programas públicos, así como el supuesto activismo de los secretarios de Estado con fines electorales.
El decálogo incluye exigir que los gobernadores y los presidentes municipales dejen de desviar dinero para campañas oficialistas y dejar claro que los programas sociales son constitucionales y un derecho ciudadano, por lo que no dependen del presidente ni de que gane Morena.
Como parte del decálogo, se puntualizó la exigencia de que las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las autoridades electorales locales hagan su trabajo con independencia y autonomía.
“Consejeros y magistrados, ustedes sirven a los ciudadanos, denuncien las presiones políticas indebidas, cumplan su deber de lograr que el voto cuente y se cuente bien”, expresó.
Puntualizó la demanda para que se blinde la elección del dinero y de la amenaza del crimen organizado, lo que detonó gritos de “¡narcopresidente, narcopresidente!”, por parte de los asistentes al Zócalo capitalino.
“El Estado debe usar su poder para proteger la democracia, no más campañas financiadas por el narcotráfico, no a la violencia contra candidatos”, remarcó.
El decálogo de la movilización también exige que haya una prensa libre que cubra por igual todas las campañas, mientras que los medios públicos ya no se utilicen como un aparato de propaganda del gobierno.
En ese sentido, de forma particular se demandó que ya no se utilicen encuestas falsas: “Que se ponga un alto a la propaganda dirigida a engañar a la sociedad diciendo que la elección ya está decidida, no, las campañas importan”.
También se estableció que los ciudadanos deben comprometerse con la promoción, observación y defensa del voto libre e informado, de modo que “logremos que siete de cada 10 ciudadanos voten el 2 de junio”, además de difundir la importancia del voto por diputados y senadores, así como por autoridades locales: “No queremos emperadores con todo el poder, queremos equilibrios y gobernantes que entiendan que la ley es la ley”.
