La Unión Europea (UE) amenazó con restringir los visados a los ciudadanos de los países “no cooperadores” con el bloque en materia de migración, la cual se encuentra en su nivel más alto desde 2016.
En una reunión de ministros del Interior de los 27 países miembros de la UE realizada este jueves, se pidió a los Estados emisores de migrantes que acepten a un número mayor de sus propios ciudadanos después de estos hayan sido deportados del continente europeo. De lo contrario, podrían enfrentar restricciones a las visas otorgadas.
En esa línea, los funcionarios describieron la situación en torno a la migración como “tensa”. “Vemos un aumento de las llegadas irregulares”, afirmó Maria Malmer Stenergard, ministra de Migración de Suecia, agregando que la devolución de las personas a las que se les niega el asilo en Europa es “un tema muy importante”.
En 2021, los países de la UE emitieron 340.500 órdenes de deportación, pero solo un 21% se llevó a cabo. “El nivel actual no es aceptable”, aseveró Senergard después de la reunión, agregando que existía un “fuerte apoyo” entre los Estados del bloque para utilizar las visas como herramienta de presión para lograr que terceros países acepten a más de sus propios ciudadanos.
“Si los esfuerzos políticos y diplomáticos [para mejorar la cooperación con terceros países] no producen los resultados esperados, los Estados miembros piden a la Comisión [Europea] que vuelva con propuestas sobre restricciones de visados”, enfatizó.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también insistió en la necesidad de “intensificar” los retornos de los migrantes deportados. En ese sentido, propuso un “proyecto piloto” en la primera mitad de este año destinado a acelerar los procedimientos de control en las fronteras exteriores de la UE, con “devoluciones inmediatas” para aquellos que no se consideran elegibles para el asilo.
No obstante, los críticos afirman que la detección acelerada de los solicitantes de asilo en las fronteras de la UE podría carecer de controles y equilibrios adecuados, y dar como resultado que a las personas se les niegue la protección cuando la necesitan.
Por su parte, Evelien van Roemburg, jefa de la representación de la ONG Oxfam en la UE, citada por el periódico The Guardian, manifestó que el enfoque no logró “situar los derechos humanos en primer lugar, ya que trata a las personas como peones en las negociaciones comerciales y la política de desarrollo de la UE”.
En ese contexto, después de restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia, la cantidad de inmigrantes que llegan al bloque europeo ha experimentado un nuevo aumento. Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en 2022 se registraron 330.000 “entradas irregulares”, la cifra más alta desde 2016.