Nicaragua liberó por razones humanitarias a 135 presos políticos que fueron acogidos por Guatemala, gracias a una mediación de Estados Unidos que les permitirá viajar luego a ese u otros países.
En el aeropuerto de La Aurora de la Ciudad de Guatemala, los exdetenidos celebraron su libertad. “Gracias a Dios de estar libre, viva Nicaragua Libre”, declaró a periodistas Francisco Arteaga con el puño en alto.
Según la presidencia guatemalteca, el grupo llegó en un vuelo único que aterrizó a las 06:20 de la mañana.
La Casa Blanca anunció poco antes que ha conseguido la liberación de estos presos, entre los que figuran 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas Mountain Gateway, laicos católicos, estudiantes y otras personas que Ortega y Murillo “consideran una amenaza para su régimen autoritario”.
La liberación tuvo lugar por motivos humanitarios, señaló en un comunicado el asesor Seguridad Nacional, Jake Sullivan, cuando faltan dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Washington agradeció el liderazgo y la generosidad del gobierno de Guatemala por aceptar amablemente a estos ciudadanos nicaragüenses, añadió.
“¡Bienvenidos, hermanos nicaragüenses!”, afirmó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en un mensaje en la red social X”. En Guatemala podrán “solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura”, precisó la Casa Blanca.
Las Oficinas de Movilidad Segura, desplegadas en varios países latinoamericanos, son una de las vías legales para la migración implementadas por el presidente estadounidense Joe Biden y permiten tramitar las solicitudes de asilo.
Washington hizo un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que “ponga fin de inmediato a las detenciones y encarcelamientos arbitrarios de sus ciudadanos por el mero hecho de ejercer sus libertades fundamentales”.
Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
Su gobierno reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas pro democracia de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
En 2023 excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria.
También arremetió contra la iglesia católica y cerró unas 5,500 oenegés, muchas de ellas religiosas.
Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) exiliado en Estados Unidos, celebró esta liberación con sabor agridulce, liberación y destierro.