Los prisioneros fueron liberados y expulsados de Nicaragua en virtud de un acuerdo con Estados Unidos y Guatemala.
Nicaragua anunció que revocará la ciudadanía y confiscará los bienes de 135 personas que fueron expulsadas del país la semana pasada tras cumplir condenas de prisión en una ofensiva gubernamental contra la disidencia.
La decisión fue anunciada en un comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia, que indicó que los liberados fueron condenados por actos delictivos que iban contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación del país, además de promover la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica.
El gobierno también dijo que confiscaría todos sus bienes.
Los prisioneros fueron liberados y expulsados de Nicaragua en virtud de un acuerdo con Estados Unidos y Guatemala. Según se informa, permanecerán temporalmente en Guatemala antes de trasladarse a Estados Unidos.
Si bien no se han revelado los detalles del acuerdo, las autoridades estadounidenses afirmaron que no se hicieron concesiones para asegurar la liberación de los prisioneros.
El gobierno de Nicaragua lleva años reprimiendo a los disidentes, encarcelando a opositores del presidente Daniel Ortega y cerrando organizaciones de la sociedad civil.
La reciente liberación de prisioneros sigue una iniciativa similar el año pasado, cuando Nicaragua liberó a 222 líderes políticos, sacerdotes, estudiantes, activistas y otros que fueron a Estados Unidos. Luego fueron despojados de su ciudadanía, lo que dejó a muchos “apátridas”, lo que es ilegal según el derecho internacional.
Sin su ciudadanía y sus propiedades, y sin poder regresar a su país, los ex prisioneros dicen que se sienten a la deriva y luchan para llegar a fin de mes.
Analistas y activistas afirman que la liberación es una manera del gobierno de seguir perjudicando a sus oponentes mientras se protege de las críticas de la comunidad internacional.
Estados Unidos ha ofrecido al grupo de prisioneros liberados acceso a “vías legales” para calificar para la residencia.
Mientras tanto, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas publicó un informe en el que critica duramente al gobierno nicaragüense y dice que el gobierno ha dejado al “pueblo nicaragüense indefenso ante graves violaciones de los derechos humanos”. El informe destaca a las 135 personas.
Fue la primera vez que el gobierno nicaragüense reconoció públicamente la liberación y el destierro de los 135 ex prisioneros. Entre esos individuos se encontraban 13 miembros nicaragüenses de la iglesia estadounidense Mountain Gateway, que pasaron nueve meses en prisión acusados de lavado de dinero y otros delitos graves.
La iglesia, que fue clausurada y sus propiedades confiscadas por el estado nicaragüense, ha negado enfáticamente los cargos contra sus miembros.
