Las autoridades españolas elevaron a 222 el número provisional de víctimas morales confirmadas a causa de las fuertes lluvias torrenciales provocadas por la depresión aislada en niveles altos (DANA), que devastaron principalmente la provincia mediterránea de Valencia, donde los muertos son 214.
El resto son siete personas fallecidas en la región limítrofe de Castilla-La Mancha (centro) y una más en la de Andalucía (sur).
Ya han sido identificados 195 cuerpos y se han entregado 140 a los familiares.
Además, 36,803 personas tuvieron que ser rescatadas de situaciones de peligro, 82 de ellas en las últimas horas, según la última actualización de datos oficiales sobre los efectos de la gran riada y las graves inundaciones a su paso del 29 de octubre.
El número total de municipios afectados es de 78, de los cuales 75 están en Valencia, dos en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía.
Aparte de los daños personales, el desastre natural causó pérdidas materiales multimillonarias en propiedades privadas de todo tipo (viviendas, automóviles, empresas y fincas agrícolas) y en infraestructuras y servicios públicos (carreteras, líneas ferroviarias, telefonía y suministros energéticos), que tratan de restaurarse poco a poco.
Las 156,126 solicitudes de indemnización solicitadas al Consorcio de Compensación de Seguros dan una idea del alcance de los efectos de la tragedia. De ellas, 50,679 corresponden a viviendas y 92,779 a vehículos.
El Gobierno español y el regional de la Comunidad Valenciana mantienen un fuerte despliegue de personal para las tareas de limpieza, desescombro y reconstrucción, mientras que miles de voluntarios se afanan en ayudar a los miles de vecinos perjudicados.
Las Fuerzas Armadas mantienen 8,495 efectivos en total, apoyados por vehículos terrestres, aéreos y acuáticos especializados. Las fuerzas de seguridad están formadas por 9,728 agentes.
Desde que comenzó la crisis, han detenido a 343 personas, 33 de ellas en las últimas horas, por delitos como el pillaje.
Sin embargo el Partido Popular, que gobierna en Valencia, defendió al presidente de la comunidad autónoma, Carlos Mazón, del que aseguró que “ha dado la cara en todo momento” frente a un Gobierno central que rechaza ponerse al frente de esta emergencia nacional.
Así lo dijo el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una rueda de prensa en la sede el PP, donde reconoció que su partido entiende que las víctimas de la DANA estén decepcionados con sus responsables políticos.
Esto, luego de que 130,000 personas se manifestaron en Valencia para protestar en contra de la gestión exhibida por el gobierno valenciano.
Con lema ‘Mazón dimissió’, exigieron la renuncia inmediata de Mazón y su equipo por no haber sabido gestionar la catástrofe.
En la plaza del Ayuntamiento de Valencia se vivieron momentos de tensión cuando algunos manifestantes tiraron bengalas y lanzaron barro y objetos contra la fachada del edificio consistorial. En ese momento, la Policía cargó contra un grupo muy próximo al balcón del consistorio.
Desde el Ayuntamiento de València denunciaron que hubo un intento de quemar la puerta de la casa consistorial. Y en la fachada y en el suelo de la plaza se produjeron pintadas en las que se leían lemas como ‘El pueblo no olvida’ y ‘asesino’.