En el marco del Día de los Derechos Humanos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la implementación de 10 compromisos con el fin de colocar al centro de su gestión el acceso a los derechos humanos para las y los capitalinos; de igual forma, se busca que la capital de país continúe a la vanguardia en la defensa de las garantías individuales.
La mandataria capitalina detalló cada uno de los puntos del decálogo: “Uno. Los derechos humanos estarán presentes en todas las políticas, planes, programas y actividades institucionales de mi gobierno.
Dos. Pondremos en marcha el Programa de Derechos Humanos de la ciudad, con perspectiva de género y los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios y comunidades indígenas, de las poblaciones de la diversidad sexual, de las y los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de jóvenes y se garantizarán los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Como punto número tres, la jefa del Ejecutivo local mencionó la alineación de las políticas públicas con el derecho a una vida libre de pobreza y violencia.
Asimismo, detalló el punto cuatro y cinco, respectivamente, como el actuar de los cuerpos de seguridad bajo altos protocolos y estándares internacionales para el uso de la fuerza, y la garantía en el derecho a la verdad, a la memoria y al esclarecimiento de los hechos del pasado.
Al mencionar la sexta labor, Clara Brugada subrayó que, en todo momento, la capital mantendrá el derecho a la protesta, la organización, la movilización y al respeto de los derechos políticos de todas y todos: “Seguiremos siendo una ciudad de libertades, diálogo y concertación”.
Siete. Daremos cumplimiento cabal a las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos. Ocho. Fortaleceremos la búsqueda e investigación de personas desaparecidas o no localizadas, siempre poniendo al centro a las familias, dijo.
Finalmente, la jefa de Gobierno reafirmó la condición de la capital como Ciudad Hospitalaria y Solidaria, de esta forma, se garantizarán los derechos de las personas en situación de movilidad y solicitantes de asilo en coordinación con las autoridades federales; así como la transformación de la Procuraduría Social en la defensoría social y el fortalecimiento de la defensoría pública, con el fin de que las y los ciudadanos tengan acceso a servicios jurídicos gratuitos.
Con estas acciones, la Ciudad de México coloca como punto prioritario el acceso a los derechos humanos para todas y todos.