La agencia anticorrupción de Corea del Sur informó que ha recibido una nueva orden judicial para detener al presidente Yoon Suk Yeol, que ha sido suspendido de sus funciones, después de que el servicio de seguridad presidencial impidiera el arresto la semana pasada.
La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, que planea interrogar al asediado mandatario sobre las acusaciones de rebelión por su breve decreto de ley marcial del 3 de diciembre, no confirmó de inmediato durante cuánto tiempo seguiría siendo válida la orden.
El fiscal jefe de la agencia, Oh Dong-woon, se negó a responder cuando los legisladores le preguntaron cuándo expiraría la orden, diciendo que esa información es sensible mientras la agencia y la policía estudian formas de ejecutarla. Las órdenes de detención suelen durar siete días, pero pueden extenderse hasta unos 10 días. Oh no dijo cuándo planeaban los investigadores hacer su próximo intento para detener a Yoon.
En un principio, el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl emitió la semana pasada una orden para detener a Yoon y una orden separada para registrar su residencia después de que él desafiara a las autoridades al negarse a presentarse a un interrogatorio sobre el decreto de ley marcial.
Docenas de investigadores de la agencia anticorrupción y oficiales de policía que les asistían intentaron detener a Yoon el viernes, pero se retiraron de su residencia en Seúl después de un tenso enfrentamiento con el servicio de seguridad presidencial que duró más de cinco horas. Los investigadores no hicieron otro intento para detener a Yoon antes de que las órdenes judiciales anteriores expiraran el lunes.
Si los investigadores logran detener a Yoon, probablemente pedirán a un tribunal permiso para realizar un arresto formal. De lo contrario, será liberado después de 48 horas.
La agencia anticorrupción y la policía se han comprometido a hacer un esfuerzo más enérgico para detener a Yoon, lo que podría ser un proceso complicado mientras él permanezca en su residencia oficial.
La agencia anticorrupción lidera una investigación conjunta con la policía y el Ejército sobre la breve toma de poder de Yoon, que incluyó declarar la ley marcial y desplegar tropas para rodear la Asamblea Nacional.
La Corte Constitucional ha comenzado las deliberaciones sobre si destituir definitivamente a Yoon o restituirle en el cargo.
La policía ha dicho que valora “todas las opciones disponibles” para llevar a Yoon bajo custodia y no ha descartado públicamente la posibilidad de desplegar equipos de asalto, aunque no está claro si los investigadores se arriesgarían a provocar un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad presidenciales, que también están armadas.
Los abogados de Yoon argumentaron que las órdenes de detención y registro contra el presidente no pueden ejecutarse en su residencia debido a una ley que protege los lugares potencialmente vinculados a secretos militares de registros sin el consentimiento de la persona a cargo, que sería Yoon.
También argumentan que la oficina anticorrupción carece de la autoridad legal para investigar cargos de rebelión y delegar a la policía para detener a Yoon. Los abogados de Yoon presentaron el lunes quejas ante los fiscales públicos contra Oh y otros seis funcionarios anticorrupción y policiales por el intento de detención del viernes, que afirman fue ilegal.