El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) planteó reformar el Código Penal Federal para sancionar de cuatro a ocho años de prisión y de cien a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien cometa el delito de robar, explotar, sustraer, transportar o comercializar agua potable alterando la infraestructura hidráulica nacional autorizada, sin el título respectivo que las leyes aplicables establecen.

Asimismo, a quien realice una perforación subterránea para sustraer aguas nacionales, sin la concesión respectiva que la norma oficial determina.

Cuando el robo sea cometido con el fin de distribuir o suministrar el agua potable a través de pipas u otros medios de almacenamiento, para obtener beneficio económico, se sancionará con una pena de seis a doce años de prisión y de doscientas a dos mil días conforme a la UMA. Y si las conductas ilícitas son cometidas por personas servidoras públicas, la pena se incrementará el doble, agrega.

La iniciativa considera que la tipificación de estas conductas como delitos en el citado Código es una medida urgente y necesaria para proteger a la ciudadanía, garantizar una distribución justa del agua, y asegurar la conservación de los recursos hídricos para futuras generaciones.

La práctica de robo de este líquido y su venta clandestina a través de pipas afectan su acceso en diversas zonas del país, e incrementa la desigualdad en el suministro, lo que genera mercados ilegales y precios exorbitantes.

El Inegi menciona que más del 10% de los hogares no tienen acceso directo al agua potable, cifra que se agrava en estados con alta marginación y climas áridos como Sonora, Chihuahua y Baja California.

Señala que en zonas urbanas como la Ciudad de México y el Estado de México, la demanda por parte de la población es aprovechada por grupos que extraen agua de pozos ilegales para venderla en pipas clandestinas.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al menos 40% del líquido suministrado en estas entidades se pierde o desvía de manera irregular, lo que incluye fugas y tomas ilegales.

Informa que las pipas clandestinas pueden llegar a vender el agua a precios que oscilan entre 800 y 2 mil pesos por tanque, lo cual representa una violación del derecho al acceso equitativo y justo de este recurso.

Cita que el impacto social, económico y ambiental que deja este fenómeno es la desigualdad en su acceso, desestabilización del sistema hídrico, desabasto e impacto ambiental, ya que el agua robada y distribuida sin regulación afecta también la sostenibilidad de los recursos naturales.

Asimismo, tiene un impacto económico elevado, pues los gobiernos locales y las concesionarias de agua pierden ingresos por la sustracción ilegal del recurso, lo que a su vez repercute en su capacidad de inversión para mejorar la infraestructura de distribución.

La iniciativa enfatiza que si bien en algunas entidades federativas existen regulaciones que sancionan estas prácticas, la falta de una tipificación federal permite que el robo siga proliferando en diversas regiones del país.