Expertos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra señalaron que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua bajo el mando del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes bien podrían enfrentar a la justicia internacional si la comunidad internacional se une en esta encomienda, al presentar un informe, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, sobre graves violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.

El Gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles que existían sobre su poder, ejecutando sistemáticamente una estrategia autoritaria mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos, advirtieron los expertos de la ONU en el nuevo informe.

Los expertos instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones, como referir el caso a la Corte Internacional de Justicia, imponer sanciones a la esfera de mando incluyendo los Ortega-Murillo, escalar el caso a la Asamblea General, entre otras medidas.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó que el régimen del presidente y de la vicepresidenta ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población tanto dentro como fuera de Nicaragua enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas.

“Desde 2018, Ortega y Murillo han afianzado progresivamente su control total, en el último año el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua. Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población e identifica objetivos para la persecución, proveyendo “los ojos y oídos” que permiten obtener y mantener control total sobre las personas”, acusó Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos.

El informe señala que una reforma constitucional de gran alcance, que entró en vigor el 18 de febrero, representó un golpe final al Estado de derecho.

Dicha reforma eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, creando un poder ejecutivo con dominio absoluto. Esta reforma redujo efectivamente los poderes judicial, legislativo y electoral a meros órganos a ser coordinados por la presidencia.

El informe detalla cómo Ortega y Murillo controlan un vasto aparato de actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que operan en conjunto para violar derechos y silenciar a la oposición en una cadena de mando de arriba hacia abajo.

Por primera vez, los expertos también lograron concluir que el ejército nicaragüense, a pesar de sus negativas, participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las masivas protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.

Los expertos enfatizaron que algunas de las violaciones identificadas en este informe siguen patrones previamente establecidos como crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos.

El informe instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, advirtiendo que “la inacción solo fortalecerá al régimen y prolongará el sufrimiento del pueblo nicaragüense”.

El informe también recomendó emprender acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, así como ampliar las sanciones específicas contra los responsables de la represión.