Sin embargo no aclaró los lugares en donde se llevaron a cabo las detenciones, si en la frontera o en todo EEUU.
El gobierno de Donald Trump detuvo en un solo mes a 20 mil migrantes indocumentados, según anunció la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem.
En un breve comunicado en el que no dio detalles pormenorizados, Noem se jactó de haber incrementado en un 627% el promedio de arrestos mensuales durante la precedente administración de Joe Biden.
Añadió que ese gobierno anterior solo arrestó a 33 mil migrantes a lo largo de todo el año pasado.
Sin embargo, esa última cifra no es correcta: según datos obtenidos por la televisión NBC la pasada semana, fueron 113 mil 431 los migrante indocumentados detenidos el pasado año fiscal (de octubre de 2023 a septiembre de 2024), de los que un 28 % no tenían acusaciones pendientes.
También el medio Axios ofreció otra cifra que contradice a Noem: de acuerdo a sus estadísticas, solo en noviembre pasado, todavía durante el gobierno Biden, los distintos cuerpos policiales detuvieron a 21 mil 130 inmigrantes.
Noem no provee detalles de los lugares de detención -si fue en la frontera o en todo el país- ni tampoco precisa si se trató del mes completo de enero o se calculó según otras fechas.
Dijo que el gobierno de Trump “salva vidas cada día con sus acciones para dar seguridad a la frontera y deportar a criminales extranjeros”, de los que hay actualmente “cientos de miles que entraron en el país ilegalmente”.
El gobierno de Donald Trump anunció que planea exigir a los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos que se inscriban en un registro y proporcionen sus huellas dactilares.
Los migrantes que no acaten esta exigencia pueden enfrentar un proceso penal con multas e incluso penas de cárcel, una escalada respecto a su condición migratoria actual, considerada un delito civil.
La medida busca en realidad presionar a millones de indocumentados que viven en Estados Unidos para irse del país por su propia cuenta, dado que la inscripción en el registro proporcionaría datos al Gobierno para su deportación, pero incumplirlo podría suponer penas de cárcel.
