De cara al Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de Marzo, el Congreso de Puebla aprobó la “Ley Ácida” y la “Ley Monzón”. La primera tipifica como tentativa de feminicidio los ataques con alguna sustantiva corrosiva, mientras que con la segunda se suspende la patria potestad a los padres acusados por el presunto delito de feminicidio en contra de la madre.
El estado de Puebla se convirtió en la primera entidad a nivel nacional en tipificar los ataques con ácido como una tentativa de feminicidio, el Congreso del Estado estableció penas que podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión.
Con la presencia de las sobrevivientes de violencia ácida en el pleno, María Elena Ríos, Carmen Sánchez, Esmeralda Millán y Leslie Moreno, se aprobó el proyecto de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, así como la de Igualdad de Género para reformar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y del Código Penal del Estado.
El proyecto determinó que las personas responsables de algún ataque con ácido o una sustancia corrosiva serán juzgadas como la tentativa de feminicidio por lo que la sentencia podría ser de los 20 a los 40 años.
La sobreviviente de esta violencia, María Elena Ríos, consideró que la normativa se encuentra incompleta porque carece de una reparación del daño integral para las víctimas que han sido víctimas de ese tipo de agresión, las autoridades de salud no ofrecen apoyos para ayudar a las víctimas con los tratamientos a los se someten, mismos que son muy costosos, tampoco prevé planes para la reincorporación social de las víctimas.
Recapituló que las agresiones con ácido son una de las más agresivas; su principal cometido es destruir la vida de la víctima y busca borrarlas del mapa.
La Ley Monzón nombrada de esta manera por Cecilia Monzón, abogada con especialidad en Derecho Penal y maestría en Sistema Penal Acusatorio. Era conocida en el estado porque luchó para defender a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia e inclusive era conocida como “la abogada de las mujeres”.
El 21 de mayo la abogada con nacionalidad española fue asesinada en San Pedro Cholula por dos hombres a bordo de una motocicleta mientras ella circulaba en su camioneta, hecho que conmocionó a nivel local, nacional e internacional porque el gobierno de España, condenó los hechos y exigió a la entidad entonces gobernada por Miguel Barbosa esclarecer su muerte.
Un mes después, la Fiscalía General determinó que hubo cuatro involucrados. Javier López Zavala, quien fue el autor intelectual y su exsecretario particular, Santiago Bárcena, propietario de uno de los vehículos utilizados.
Los autores materiales fueron Jair N., sobrino de López Zavala y encargado de conducir la motocicleta y Silvestre N, quien efectuó los seis disparos que le arrebataron la vida a la litigante.