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Por Luis Pinal Da Silva
Dejar a Donald Trump sin su cuenta de Twitter, si bien fue una decisión «problemática», ha relanzado el debate sobre la regulación de los gigantes de la red.
La medida unilateral, se justifica por el “riesgo de nuevas incitaciones a la violencia”, pero la decisión ha relanzado el debate sobre el poderío y la regulación de la red.
El debate se centra en la posible interferencia de la libertad de expresión, , ya que la regulación de los gigantes digitales no puede hacerse por la misma oligarquía digital, que semeja “un acto de censura” basado en los “sentimientos y las preferencias políticas”.
Con la determinación adoptada, el mundo, millones de cibernautas, se ven de cara con la posibilidad de que las empresas retiren a las personas de sus plataformas, sin atender al hecho de que éstas se han convertido en indispensables para la expresión de millones de individuos.
Hay que advertir que, desde su creación, las redes sociales se han amparado en la Sección 230 del “Communications Decency Act” (Ley de Decencia de las Comunicaciones) de la legislación estadounidense, que impide que sean perseguidas judicialmente por los contenidos que publican terceros y las exonera de responsabilidad civil y penal por considerar que tienen un papel de meros proveedores.
Lo que se ve es que el dogma de la sección 230, que es el dogma sobre el que las redes sociales han basado su fuerza desde 2000, acaba de desmoronarse, y es un monumento que se derrumba en el espacio de la información.
Es decir, se trata de una censura enmarcada por las condiciones generales de las redes sociales, que son en última instancia los únicos amos.
Si bien se precisa de un procedimiento en la aplicación de las decisiones de moderación, una facultad de impugnar estas decisiones, y la posibilidad de recurrir a una tercera instancia para resolver el litigio, ello se antoja complejo, dado que se debe legislar en Europa y en Estados Unidos y aclarar qué régimen se aplica a los responsables políticos, pero también más ampliamente a todos los actores del debate público.
Pensar que las plataformas están dispuestas a colaborar parece ingenuo, dados los enormes intereses financieros y que, los dueños de las redes, se han beneficiado mucho de la polarización.
