Con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, la Cámara de Diputados acordó interponer una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas con el propósito de invalidar el “blindaje” legal que los legisladores locales dieron al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante su eventual desafuero en el Palacio de San Lázaro.
El pleno cameral instruyó a la diputada presidenta Dulce María Sauri a presentar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y pedir a los ministros resolverla “de manera prioritaria” por la urgencia del caso y su interés social.
El proyecto fue avalado por los grupos parlamentarios de Morena, PES, PT, con el voto dividido de la oposición.
La legislatura local de Tamaulipas aprobó el 2 de marzo un acuerdo para el “procedimiento de homologación” sobre el desafuero de funcionarios de la entidad.
Según dicha resolución, el congreso tamaulipeco determinaría la existencia de un delito federal y la eventual responsabilidad de García Cabeza de Vaca, una vez que se la Cámara de Diputados le notifique la resolución de procedencia contra el gobernador.
En consecuencia, la declaración de procedencia que en su momento determine la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
