Se denunciaron 3 mil 752 asesinatos de mujeres y un aumento en las llamadas al 911 por violencia de género; 24 personas defensoras de los derechos humanos y al menos 19 periodistas fueron asesinados .
En 2020 aterrizó en México la enfermedad provocada por el virus SARS-Cov-2. Según Amnistía Internacional, la respuesta de las autoridades fueron “recortes de gasto público en diversas áreas y falta de equipo de protección individual para el personal sanitario”.
Y así como los contagios y decesos iban en aumento, también lo fueron la violencia de género y los ataques tanto a los medios de comunicación como a las personas defensoras de los derechos humanos. A su vez, “hubo diversos casos de detenciones arbitrarias y forzosas por parte de las fuerzas de seguridad, que en ocasiones culminaron en homicidios ilegítimos”, señaló la organización internacional.
Además de las políticas de austeridad aplicadas por el gobierno, que culminaron en recortes de gasto público – excepto en programas considerados prioritarios, indica AI, como varios proyectos de infraestructura: el NAIM, Refinería Dos Bocas, por mencionar algunos -, en septiembre se disolvieron varios fideicomisos públicos. Entre estos últimos se encontraban algunos que apoyaban la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos y víctimas de violaciones a los mismos.
¿Qué pasó en México durante el año pasado, en plena crisis sanitaria? Este miércoles Amnistía Internacional publicó su informe anual internacional 2020/21, en el cual analizó la situación del país y acciones del gobierno en cuanto a temas que fueron preponderantes, como los homicidios ilegítimos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres y niñas, la libertad de expresión, los derechos de las personas migrantes y refugiadas, entre muchos otros.
Entre homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y detenciones forzosas
La disposición constitucional que permitía la detención sin cargos (conocida como “arraigo”) tampoco se derogó durante el 2020.
Las desapariciones forzadas cometidas por el estado, como en el caso de los manifestantes de Guadalajara, y las desapariciones a manos de agentes no estatales continuaron siendo un tema en boga, mientras que los responsables de tales actos gozaron de una impunidad casi absoluta, señaló Amnistía.
Por otro lado, en septiembre, el Senado aceptó la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para examinar casos individuales.
En julio del año pasado el fiscal especial para el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en 2014, anunció que se habían identificado los restos mortales de Christian Rodríguez Telumbre en una barranca próxima a una ciudad cercana a Guerrero.
Por primera vez en el caso, señala Amnistía, se dictaron varias órdenes de arresto contra miembros de las fuerzas armadas. Igualmente se detuvo a un militar y a un miembro de la Secretaría de Marina.
Recién iniciado el año, en febrero, se cometieron dos feminicidios que provocaron indignación y dieron lugar a una asistencia sin precedentes a las movilizaciones organizadas para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Uno de ellos fue el de Ingrid Escamilla, quien fue desollada y mutilada por su esposo y días después se halló en una bolsa de plástico el cadáver de Fátima Cecilia, niña de siete años.
Durante el año se denunciaron 3 mil 752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. Los estados con mayores cifras de este delito fueron el Estado de México y Veracruz. Mientras que Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100 mil mujeres.
Por otro lado, las llamadas al 911 incrementaron notablemente. Al final del año se tenían registradas 260 mil 67 llamadas, frente a un total de 197 mil 693 de estas recibidas en 2019.
Pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, minimizó en varias ocasiones la violencia contra las mujeres, llegando a cuestionar la validez de las llamadas telefónicas a números de emergencia. También criticó las protestas de las mujeres en contra de los feminicidios.
Aunque el gobierno desistió de aplicar las medidas de austeridad y recortar presupuesto a organizaciones en apoyo a la prevención de la violencia hacia la mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) recortó en julio el 75% de su presupuesto operativo, lo cual equivale a 151 millones de pesos.
