El Gobierno estadounidense reitera que varias políticas energéticas de México son inconsistentes con el T-MEC por afectar una amplia gama de recursos y tecnologías energéticas.
El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer que la queja interpuesta junto con Canadá en el marco del T-MEC, por la política energética de México, podría resolverse en más de 300 días, pero advirtió que en caso de no lograrse un acuerdo se impondrían aranceles.
Estados Unidos refrendó que varias políticas energéticas de México son inconsistentes con el T-MEC por afectar una amplia gama de recursos y tecnologías energéticas, como el gas natural, electricidad, fuentes renovables y el diésel.
“Las medidas en cuestión favorecen a las empresas estatales mexicanas sobre las empresas estadounidenses y la energía producida en los Estados Unidos, lo que viola los compromisos de México en virtud de los capítulos del T-MEC sobre acceso al mercado, inversión y empresas estatales, al mismo tiempo que socava los objetivos climáticos”, expresó mediante un extenso documento.
La queja se interpuso el pasado 20 de julio y se tiene hasta el 3 de octubre para resolver la disputa a través de consultas.
Pero de no hacerse tanto Estados Unidos como Canadá podrán solicitar el establecimiento de un panel de resolución de disputas.
“Es probable que la emisión de un informe final del panel no ocurra antes de los 315 días posteriores a la fecha en que se presentó la solicitud de consultas”, acotó.
Si el panel determina que las medidas de México son incompatibles con el tratado comercial los tres países se esforzarán por llegar a un acuerdo, pero, si no se puede dentro de los 45 días posteriores, Estados Unidos y Canadá podrían suspender la aplicación a México de beneficios hasta que se llegue a un acuerdo.
“Por lo general, esto implica la imposición de aranceles de represalia sobre los bienes de la parte demandada”, se expone en el documento del Gobierno estadounidense.
Estados Unidos sostiene que “existe un fuerte apoyo político” a la queja presentada, tanto de la comunidad empresarial como del Congreso.
Se argumenta que las políticas mexicanas en cuestión no solo perjudican a las empresas estadounidenses sino que también podrían entorpecer el cumplimiento de México de los objetivos climáticos en el marco del Acuerdo de París.
“Ya sea que esta disputa se resuelva a través de consultas o un procedimiento de panel formal, puede tener implicaciones importantes para el sector energético de América del Norte, particularmente dado que las medidas cuestionadas afectan una amplia gama de recursos y tecnologías de energía, desde energías renovables hasta combustibles fósiles”, concluyó.
