Por Ángel López Gracian
¿Qué fue lo que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)?. Invalidó, en términos simples y llanos, que los servidores públicos hicieran propaganda partidista en su beneficio o el de sus cuates, sin que pudieran ser sancionados.
Como parte del llamado Plan B electoral del Gobierno lopezobradorista, los diputados de Morena y sus rémoras aprobaron modificar la Ley de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas con el fin de que no se sancionara a funcionarios por hacer propaganda política.
La Constitución establece claramente que los servidores públicos deben utilizar los recursos humanos y económicos bajo su responsabilidad con imparcialidad y equidad, sin influir en ninguna contienda electoral.
La propia Carta Magna señala límites a la propaganda gubernamental como el hecho de ser institucional, sin incluir mensajes o imágenes personalizadas para posicionar su imagen ante la ciudadanía.
Las reformas que ayer tiró en el bote de la basura la Corte, eliminaban o desconocían esas limitantes y permitían a los servidores públicos y/ gobernantes intervernir en los procesos electorales.
La justificación que esgrimieron los morenistas y sus rémoras fue que se estaba garantizando “el derecho a la libertad de expresión’’ de quienes son servidores públicos.
Para garantizar esa supuesta libertad, los legisladores redefinieron el concepto de propaganda gubernamental como aquella que “se realice con recursos públicos específicamente etiquetados para ese fin’’.
Además introdujeron un apartado mediante el cual fijaron que “las manifestaciones de los servidores públicos no constituyen propaganda gubernamental sino un legítimo ejercicio de su libertad de expresión’’, en franca contravención de lo que ordena la Constitución.
Aunque la Corte se limitó al estudio del proceso legislativo -la iniciativa fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados; los legisladores de Morena “la hicieron suya’’ y se le dispensaron todos los trámites legislativos, lo que para la SCJN bastó para anular los cambios-, en el fondo, Morena creía que la reforma pasaría, lo cual hubiera implicado que desde ahora, tooodosss los funcionarios del Gobierno, legisladores y gobernadores de Morena estuvieran haciendo su propia campaña política sin ser sancionados.
Corresponderá ahora a la oposición si recurren al Poder Judicial para impugnar los abiertos actos de campaña de las corcholatas morenistas.
