Un grupo de ciudadanos chinos que viven y trabajan en Florida entablaron el lunes una demanda contra el estado debido a una nueva ley que prohíbe que personas originarias de China adquieran propiedades en grandes porciones de la entidad.
La ley especifica propiedades ubicadas dentro de un radio de 16 kilómetros (10 millas) de instalaciones militares y demás “infraestructura crítica”, y también afecta a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte. Pero los ciudadanos chinos y quienes les vendan propiedades enfrentan las mayores sanciones. La prohibición también incluye tierras de cultivo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) asegura que la ley tendrá un importante efecto paralizador en las ventas a personas de China y de otras partes de Asia que pueden adquirir propiedades de forma legal.
La demanda señala que la ley equipara injustamente a las personas de China con las acciones de su gobierno, y que no existe evidencia de un riesgo a la seguridad nacional por el hecho de que ciudadanos chinos compren propiedades en Florida.
La ley “codificará y expandirá la discriminación de vivienda contra las personas de ascendencia asiática, en violación de la Constitución y de la Ley de Vivienda Justa”, afirmó la ACLU en un comunicado de prensa en el que se dio a conocer la demanda. “También colocará una indebida carga de sospecha sobre cualquiera que quiera comprar una propiedad y cuyo nombre suene remotamente asiático, ruso, iraní, cubano, venezolano o sirio”.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien tiene previsto anunciar su campaña presidencial esta semana, firmó el proyecto de ley el 8 de mayo. Su oficina no respondió de momento a un email en busca de comentarios.
La ley está programada para entrar en vigor el 1 de julio. Establece como delito grave que los ciudadanos chinos adquieran propiedades en zonas restringidas o que cualquier persona o compañía de bienes raíces venda propiedades a sabiendas a personas restringidas. Para las otras naciones mencionadas, la sanción es un delito menor, tanto para comprador como para vendedor.
El radio de restricción es aplicable tanto a instalaciones militares como a aeropuertos y puertos marítimos, plantas de tratamiento de agua, instalaciones de procesamiento de gas natural y petróleo, plantas generadoras de electricidad, puertos espaciales y oficinas centrales de conmutación de telecomunicaciones.
