Los reiterados casos de espionaje ilegal deben ser “un llamado de alerta muy importante” para la población, consideró Ángela Buitrago.
La revelación de que el subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, fue víctima de espionaje, permite entender que esta práctica ilegal, perpetrada desde el gobierno de México, se está “normalizando”.
Así lo expresó Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en entrevista para Aristegui en Vivo, y destacó que el celular del funcionario federal fue infectado con el malware Pegasus en las mismas fechas en que también fueron espiados con este dispositivo integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En ese periodo, tanto los activistas del Centro Prodh como el equipo de funcionarios a cargo de Encinas, se encontraban exigiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la entrega de documentos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció durante su conferencia de prensa matutina del martes que Alejandro Encinas fue espiado y que, durante una conversación, le expresó al funcionario que “no le diera importancia” al tema, Buitrago consideró grave que el primer mandatario confirmara el espionaje pero no ordenara una investigación inmediata para saber con precisión quién lo espió y con qué fin.
Este escenario le lleva a considerar que se está llegando a un punto en el que el espionaje se está “normalizando”, al ser una práctica recurrente del gobierno federal.
“Lo que se está haciendo es permitir que se entre en las intimidad de las esferas de protección de un Estado”, recalcó Buitrago, quien consideró que esto debe ser “un llamado de alerta muy importante” para la población.
Ángela Buitrago recordó que hace más de una década en Colombia salieron a la luz una serie de escándalos de espionaje ilegal encabezados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un organismo de inteligencia del gobierno nacional.
En 2009 se dio a conocer que funcionarios del DAS grabaron ilegalmente a líderes de oposición, periodistas, magistrados de la Corte Suprema y otros funcionarios gubernamentales, pero -a diferencia de México- se emprendieron investigaciones que duraron varios años.
Las investigaciones, dijo Buitrago, revelaron que se trataba de un “aparato organizado de poder que desvió su legalidad” y, como consecuencia, se desmanteló la DAS y sus directivos fueron condenados a prisión.
“Hubo consecuencias, y esas consecuencias llevaron a que estos métodos ilícitos no podían ser utilizados por inteligencia del Estado”, sostuvo.
