Dirigentes de las cinco casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), analizan interponer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso de revisión para la resolución de la Suprema Corte de justicia de la Nación con el que avaló las reformas que hizo el Congreso de Guerrero a la ley 701 con las que se elimina el reconocimiento de sus derechos.
Los representantes de las casas de justicia de San Luis Acatlán; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc; El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres y Caxitepec, municipio de Acatepec, establecieron que, aunque esta reforma legal los desconoce como sistema normativo de justicia indígena seguirán trabajando, igual que lo han hecho en los últimos 28 años.
Señalaron que la Corte se avocó a considerar los documentos que recibió del Congreso el Estado en el que e informó de una consulta que en la realidad no se realizó, además de que es violatoria del derecho de progresividad, es decir que es un derecho que ya tenían ganado y no pueden retirarlo.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, expresó que los derechos de los pueblos indígenas están establecidos en el artículo segundo de la constitución, también se basan en el convenio 169 de la OIT, que establece la libre determinación de los pueblos.
El 17 de agosto de 2018 el Congreso aprobó la Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 701 de Reconocimientos, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Aunque legalmente la determinación de la Corte ya es inapelable, los asesores legales expresaron que existe la ruta de la justicia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde ya se tiene antecedentes de casos similares den una decena de países.