Con la llamada “militarización” de la seguridad y protección ciudadana de México, se ha especulado sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas (FFAA) para llevar a cabo estas tareas, donde una de las principales demandas es el respeto a los Derechos Humanos (DDHH) de los civiles.
Dichas críticas se agudizaron cuando se difundió un video en el que, supuestamente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutaron a presuntos miembros del crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas; sin embargo, tras revisar fuentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se vislumbra una narrativa totalmente diferente.
Para tener una aproximación certera a las violaciones de DDHH que se ejercen en México, la CNDH tiene habilitado un registro en su página oficial sobre todas las recomendaciones que emite a todas las instituciones nacionales. Al revisarla, se detectó que, en lo que va del sexenio actual, las FFAA acumulan el 5.8% de éstas; asimismo, se observa que la mayoría de las recomendaciones se acumulan en el sector salud.
Esto quiere decir que, si bien el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han violado derechos humanos a criterio de la CNDH, la incidencia no es alarmante; sin embargo, se encontró un patrón de repetición en las recomendaciones emitidas por la Comisión a cargo de Rosario Piedra Ibarra.
Aunado a ello, se destaca que, desde que fue creada, la GN es la institución con menos recomendaciones en materia de DDHH, pues sólo tiene seis recomendaciones, donde sobresale un caso por tortura en Quintana Roo y el uso ilegítimo de la fuerza contra un menor en Tabasco.
Después está la Sedena, la cual cuenta con 13 recomendaciones, donde se destaca un caso de violencia sexual en Michoacán, el asesinato de un guatemalteco en Chiapas, el asesinato de un joven en Tamaulipas, otro de tortura en Michoacán y repetidas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Finalmente, está la Secretaría de Marina (Semar), con 20 recomendaciones, de entre ellas, aparecen como relevantes más detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza y hasta una queja por daños al medio ambiente.