La plataforma Alianza por las Reformas, conformada por 40 organizaciones sociales, ha convocado un paro nacional para este lunes, 24 de julio, con el objetivo de denunciar la corrupción en el país centroamericano, según lo anunció en su cuenta oficial de Twitter.
“¡Este lunes frente al Ministerio Público exigiremos la renuncia de todas las personas que apoyan el #pactodecorruptos y exigir el respeto de la democracia de nuestro país!”, reza el texto. En un tuit posterior, detallaron que pedirán la renuncia de jueces y fiscales “aliados a la corrupción”.
Tras la primera vuelta de los comicios generales, celebrada el pasado 25 de junio, el Ministerio Público allanó las sedes del Tribunal Supremo Electoral y del partido progresista Movimiento Semilla, desatando protestas entre los partidarios de esa formación política.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se sumó a la ola de repudios desatada por la crisis electoral en Guatemala e instó a las instituciones en el país a que respeten los derechos del pueblo.
En un comunicado dado a conocer este sábado, el funcionario de la ONU señaló que sigue “con gran preocupación” las tensiones electorales en el país -desatadas tras la primera ronda del 25 de junio- y resaltó que los Estados miembro “son responsables de garantizar elecciones transparentes, libres, justas, libres de intimidación y coerción”.
Por tanto, continuó, deben respetarse los derechos de los ciudadanos, “incluido el derecho a votar en elecciones periódicas genuinas que garanticen la libre expresión de su voluntad”.
Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea también fueron tajantes con las acciones de Giammattei y apuntaron contra su intento por sabotear los comicios que lo sacarían del poder.
No obstante, en medio de este clima de tensión e incertidumbre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó este viernes que el balotaje sigue en pie para la fecha pactada, el 20 de agosto, y que se disputará entre Arévalo de León y Torres, tal como quedó manifestado en el recuento de votos de la primera vuelta.
El máximo tribunal desestimó así las decisiones “aludidas” por “orden penal” por parte del Ministerio Público ya que considera que “carecen de efectos para suspender la continuidad y la conclusión del proceso electoral” ya iniciado. Por otro lado, sostuvo que la suspensión de la personalidad jurídica de un partido en este momento influiría en el “desarrollo del proceso electoral”.
