Un informe da como autor intelectual y moral al expresidente del movimiento golpista.
Una comisión parlamentaria que investiga la asonada del 8 de enero en Brasil presentó este martes su informe final, que acusa al expresidente Jair Bolsonaro de haber alentado el movimiento que ese día asaltó las sedes de los tres poderes.
Bolsonaro nunca mostró simpatía por los principios democráticos y desde el primer día de Gobierno atentó contra las instituciones del Estado, afirmó la senadora Eliziane Gama, relatora del grupo parlamentario, al presentar el texto, que se someterá a votación en una sesión prevista para este miércoles.
El informe acusa a Bolsonaro de haber sido el mentor intelectual y moral del movimiento golpista y pide, bajo la teoría jurídica del dominio del hecho, que sea imputado por los supuestos delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado.
Asimismo, propone que se impute a otras 55 personas, entre las cuales figuran cinco exministros del Gobierno que presidió el líder de la ultraderecha (2019-2022), excomandantes de la Marina y del Ejército y una veintena de militares, así como la diputada Carla Zambelli, una reconocida voz del bolsonarismo.
El informe redactado por la senadora Gama como relatora de la comisión, recibió el rechazo del bolsonarismo, que ya ha anunciado que presentará un documento paralelo, el cual acusará al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de “omisiones” en el área de seguridad que “facilitaron” la acción de los vándalos.
El documento elaborado por Gama presenta, a lo largo de 1.100 páginas, un relato minucioso sobre lo ocurrido en el país a partir del 30 de octubre del año pasado, cuando Lula se impuso en las urnas a Bolsonaro.
Cita los bloqueos de carreteras realizados por camioneros, los campamentos ante cuarteles del Ejército para exigir una intervención militar, atentados frustrados en Brasilia y discusiones en el seno del Gobierno para impedir la investidura de Lula, materializadas en un borrador de decreto golpista hallado por la Policía.
El informe, que también vincula ese movimiento a la generalizada difusión de mentiras y discursos de odio en las redes sociales, se votará este miércoles en la comisión, dominada por el oficialismo, y si llega a aprobarse luego se remitirá a la Fiscalía General y a los tribunales.
El trabajo de la comisión parlamentaria, sin embargo, va a remolque de la investigación en la Justicia, que, de momento, aceptó las denuncias presentadas contra 1.390 acusados de la asonada, de los cuales seis ya cuentan con condenas a penas que llegan a 17 años de prisión.
La investigación judicial no ha concluido e intenta identificar a quienes financiaron el movimiento y a sus “autores intelectuales”, entre quienes figura como sospechoso el propio expresidente Jair Bolsonaro.
