El máximo tribunal de las Naciones Unidas ordenó el jueves al gobierno sirio que tome todas las medidas que estén a su alcance para prevenir la tortura, en un caso en el que los Países Bajos y Canadá acusan a Damasco de una campaña de años de tortura a sus propios ciudadanos.
La orden provisional tiene como objetivo proteger a las víctimas potenciales mientras el caso que acusa a Siria de violar la convención sobre la tortura avanza ante la Corte Internacional de Justicia, un proceso que probablemente llevará años.
La presidenta del tribunal, Joan E. Donoghue, dijo que el panel ordenaba a Damasco tomar todas las medidas a su alcance para prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El tribunal también pidió a Siria que garantice que sus funcionarios, así como cualquier organización o persona que pueda estar sujeta a su control, dirección o influencia, no cometan ningún acto de tortura u otros actos de trato o castigo cruel, inhumano o degradante.
El tribunal ordenó además a Damasco que tome medidas efectivas para impedir la destrucción y garantizar la preservación de cualquier evidencia relacionada con las acusaciones de actos dentro del alcance de la convención contra la tortura, dijo O’Donoghue.
Canadá y los Países Bajos pidieron el mes pasado al tribunal que ordene la prohibición de la tortura. Siria boicoteó la audiencia en octubre y aún no está claro cómo responderá a las órdenes del tribunal mundial.
En las audiencias del mes pasado, la abogada del gobierno canadiense Teresa Crockett instó al tribunal a imponer una orden vinculante a Siria, advirtiendo que: “Si no se controla, Siria continuará violando” una convención internacional que prohíbe la tortura.
Human Rights Watch acogió con satisfacción el fallo.
“Después de más de una década de tortura por parte de las autoridades sirias, la orden de la Corte Mundial podría ser clave para romper el ciclo de abuso e impunidad que el mundo ha observado con horror mientras se desarrollaba”, añadió Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional del grupo de derechos humanos.