Ernestina Godoy Ramos precisó que requieren de más recursos para atender “las presiones del gasto del Capítulo 1000 y proyectos especiales”.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), solicitó al Congreso capitalino un presupuesto de nueve mil 246 millones de pesos para el próximo año, con todo y que aún no amarra su ratificación hasta 2028.
Basta recordar que el dictamen que se someterá a votación en el pleno requiere de 44 votos para que sea aprobado. No obstante, Morena y sus aliados del PT y PVEM suman 33 apoyos, por lo que los 11 que les faltan deben salir de la oposición, además de que hay ocho legisladores que se nombran sin partido.
La postura de la servidora pública se dio durante una mesa de trabajo con diputados locales de la comisión de presupuesto, a quienes detalló que recibieron un techo presupuestal, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, de ocho mil 239 millones de pesos para el próximo año, lo que significa un incremento de 4.7% con respecto al monto ejercido durante este 2023, que asciende a siete mil 867 millones de pesos.
Sin embargo, Godoy Ramos precisó que requieren de otros mil siete millones de pesos para atender las presiones del gasto del Capítulo 1000 y proyectos especiales: pago de aguinaldo integrado del personal sustantivo y las demandas por juicio de nulidad, amparo y laborales.
“Con estos recursos adicionales se fortalecerían las audiencias en el área de judicialización, la atención de búsqueda y localización de personas desaparecidas, la conformación de células de búsqueda de personas en diferentes especialidades forenses, y continuar con el fortalecimiento del cuerpo de Policía de Investigación”, afirmó la encargada de la FGJCDMX.
La servidora pública abundó que al 31 de octubre pasada se llevaba un avance en el ejercicio del gasto de 72.2% con relación al presupuesto modificado, al tiempo que resaltó que “no tendremos ningún subejercicio en el gasto”.
Durante su intervención, presumió que la capital del país vive una constante reducción de delitos y que hay mayor combate a la impunidad, por lo que ejemplificó que al llamado Cártel Inmobiliario le han confiscado 60 inmuebles y 10 de estos han sido devueltos como reparación del daño.
También manifestó que dos directores generales de la Benito Juárez han sido sentenciados, mientras que un alcalde y dos servidores públicos fueron vinculados a proceso y hay otros cinco servidores públicos que cuentan con orden de aprehensión.
