El plan del gobierno cerraría la fiscalía en donde se tratan delitos como asesinatos, terrorismo y corrupción.
Cientos de personas se manifestaron el jueves en la capital eslovaca para protestar contra el plan del nuevo gobierno de cerrar la fiscalía especial que se ocupa de delitos graves, incluidos asesinatos de alto perfil, terrorismo y corrupción.
Los manifestantes en Bratislava (una multitud de unas 2.000 personas) dicen que el plan es una amenaza al Estado de derecho. La manifestación, que tuvo lugar frente a la sede del gobierno, fue organizada por los partidos de oposición Eslovaquia Progresista, Demócrata Cristiano y Libertad y Solidaridad.
Los organizadores dicen que los cambios previstos en el código penal del país están diseñados para ayudar a las personas sospechosas de corrupción cercanas al partido izquierdista Smer, o Dirección, del primer ministro Robert Fico.
La manifestación terminó sin violencia y los organizadores prometieron más protestas.
Se espera que en unas semanas se completen los cambios en el proceso legislativo que devolverán el procesamiento de los delitos graves a las fiscalías regionales, que no se han ocupado de ellos durante casi 20 años. Se espera que la oficina del fiscal especial esté completamente cerrada a mediados de enero.
Fico regresó al poder por cuarta vez después de que su partido de izquierda, plagado de escándalos, ganara las elecciones parlamentarias de Eslovaquia el 30 de septiembre con una plataforma prorrusa y antiestadounidense.
A sus críticos les preocupa que su regreso pueda llevar a Eslovaquia a abandonar su rumbo pro occidental de otras maneras, siguiendo el ejemplo de Hungría bajo el primer ministro Viktor Orbán.
Durante el gobierno anterior, que llegó al poder en 2020 después de hacer campaña con un programa anticorrupción, decenas de altos funcionarios, policías, jueces, fiscales, políticos y empresarios vinculados a Smer han sido acusados y condenados por corrupción y otros delitos.
Algunos investigadores de élite y funcionarios policiales que se ocupan de importantes casos de corrupción han sido despedidos o suspendidos. Los cambios previstos en el sistema jurídico incluyen la reducción de las penas por corrupción.
Varios otros casos aún no se han completado y aún no está claro qué sucederá con ellos según la nueva legislación.
