Fue durante acusada de ser una forma de silenciar a los críticos
Medios de comunicación independientes y grupos de derechos humanos condenaron el miércoles la legislación aprobada por el gobierno populista de derecha de Hungría que permitiría a las autoridades investigar y procesar a personas acusadas de socavar la soberanía del país.
El gobierno de coalición aprobó el martes la ley de protección de la soberanía. Pide la creación de una nueva autoridad gubernamental que tendrá el poder de recopilar información sobre cualquier grupo o individuo que se beneficie de financiación extranjera y que influya en el debate público.
La medida exige que los servicios secretos de Hungría ayuden a la autoridad en sus investigaciones y permite penas de prisión de hasta tres años para cualquier persona declarada culpable de violar la nueva ley.
Quienes se oponen a la legislación la han comparado con la ley rusa sobre agentes extranjeros y dicen que su lenguaje amplio puede usarse para atacar arbitrariamente a los críticos del gobierno.
El primer ministro de derecha del país, Viktor Orbán, ha sido acusado durante mucho tiempo de apoderarse de la mayoría de los medios de comunicación de Hungría y de construir un sistema político autocrático que socava las normas democráticas.
Representantes de 10 medios de noticias independientes firmaron una carta abierta denunciando la ley, diciendo que el gobierno húngaro los había acusado injustamente de servir a intereses extranjeros.
“Esta es una mentira deliberada, que difama no sólo a las redacciones que realizan un trabajo vital para la democracia, sino también a aquellos húngaros que miran, escuchan y leen su contenido”, escribieron los medios.
El gobierno de Hungría argumenta que la ley está diseñada para evitar que los partidos políticos reciban financiación del extranjero para sus campañas electorales, como afirma que hizo una coalición de seis partidos de oposición antes de las elecciones parlamentarias de 2022 que dieron como resultado que Orbán ganara cómodamente un cuarto mandato consecutivo en el poder.
Un grupo de organizaciones no gubernamentales húngaras también condenó la ley en una carta firmada por siete grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y la Unión Húngara de Libertades Civiles.
Los grupos calificaron la legislación como nada más que un proyecto de propaganda política basado en métodos del servicio secreto y acusaron de violar las obligaciones constitucionales, internacionales y de la UE de Hungría. Prometieron emprender acciones legales contra la ley y “brindar apoyo y asistencia a las comunidades civiles, activistas y actores de los medios de comunicación específicos”.
La aprobación de la ley se produce mientras Hungría sigue en una lucha prolongada con la Unión Europea, que ha congelado miles de millones en fondos para Budapest por temor a que el gobierno de Orbán haya supervisado el retroceso democrático y pisoteado los derechos de la comunidad LGBTQ+ y de los solicitantes de asilo.
