Las protestas se centran en los centros que albergan a solicitantes de asilo y refugiados.
En un cartel colocado cerca de tres hoteles llenos de solicitantes de asilo y refugiados ucranianos, los residentes de la pequeña ciudad irlandesa de Rosslare Harbour tienen un mensaje contundente para el gobierno: “Ya basta”.
Su campaña pacífica y cuidadosamente calibrada contra el uso de un cuarto hotel para albergar a cientos de solicitantes de asilo más no podría ser más diferente de la de los activistas antiinmigrantes que ayudaron a incitar un motín en Dublín a finales de noviembre.
Pero ambos subrayan una verdad incómoda para el establishment irlandés: la inmigración está ahora firmemente en la agenda política y, por primera vez, es probable que desempeñe un papel significativo en las elecciones nacionales, previstas para principios de 2025.
Irlanda es casi el único país de Europa que no tiene un partido político de extrema derecha importante, y el orgullo por la historia de emigración del país ha creado un tabú en torno a la retórica anti inmigrante.
Pero ese tabú ha comenzado a suavizarse desde la llegada de casi 100.000 refugiados ucranianos -el mayor número per cápita en Europa occidental-, sumándose a cifras récord de solicitantes de asilo y a una enorme fuerza laboral multinacional en medio de una agobiante crisis inmobiliaria.
La señal de cambio más dramática fueron los disturbios de Dublín, cuando un pequeño grupo de activistas de extrema derecha atacó a la policía después del apuñalamiento de tres niños pequeños por un hombre que los periódicos irlandeses identificaron como nacido en Argelia, lo que desencadenó una ola de violencia y saqueos. La policía se ha negado a comentar sobre la identidad del sospechoso.
El primer ministro Leo Varadkar dijo en octubre al parlamento que el país había alcanzado un límite en nuestra capacidad para albergar a solicitantes de asilo y refugiados.
Varadkar anunció el martes planes para recortar las asignaciones para los refugiados ucranianos recién llegados que utilizan alojamiento estatal de 220 euros a 38,80 euros (41,90 dólares) por semana y poner un límite de 90 días al tiempo que pueden permanecer alojados en el Estado.
Campañas similares en varias comunidades de todo el país están empezando a resonar en el parlamento, donde un grupo de miembros independientes presentó la semana pasada una moción pidiendo un límite al número de solicitantes de asilo y “poner fin a… migración”. La moción provocó un airado rechazo del gobierno de coalición de centroderecha y de los principales partidos de oposición.
