El Parlamento griego aprobó este martes una enmienda presentada por el gobierno conservador que prevé conceder permisos de residencia y trabajo a unos 30.000 inmigrantes irregulares para hacer frente a la escasez de mano de obra.
La enmienda fue aprobada con una amplia mayoría (262 de 300 diputados), ya que a favor votaron todos los partidos del Parlamento, excepto las tres formaciones de ultraderecha (Espartanos, Solución Griega y Niki).
No obstante, en contra votó también el ex primer ministro y diputado de la gobernante Nueva Democracia (ND), Antonis Samarás, quien señaló que la legislación convierte a Grecia en un faro para atraer inmigrantes ilegales.
La legislación prevé que, a partir de ahora, para trabajar de forma legal en Grecia será suficiente haber residido en el país al menos tres años, en lugar de siete, no haber cometido ningún delito penal y presentar una oferta de trabajo.
Según la prensa local, faltan unos 70.000 trabajadores en los cultivos de frutas, hortalizas y olivos, así como en la ganadería, mientras que también hay miles de puestos de trabajo vacantes en los sectores del turismo y la construcción.
El ministro de Migración, Dimitris Keridis, señaló durante el debate de la enmienda que Grecia tiene un problema de reducción de la fuerza laboral y que esta legislación es imprescindible para que no se ralentice el desarrollo de la economía.
Según señaló el ministro de Trabajo, Adonis Georgiadis, a la televisión privada SKAI, la legalización de estos inmigrantes contribuirá también a combatir el trabajo no declarado.
Es una de las pocas veces de los últimos años en que una legislación es aprobada con una mayoría tan amplia, con el voto a favor tanto de ND como también del principal partido de oposición, el izquierdista Syiriza.
No obstante, el gobierno conservador del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, precisa que esta legislación no significa un cambio en su estricta pero justa postura en migración y protección de las fronteras.
El país ha sido repetidamente acusado por ONG y medios internacionales de practicar devoluciones inmediatas de migrantes hacia Turquía en el mar Egeo, lo que el Gobierno griego siempre ha negado.