Por Adrián Trejo
En el proceso electoral en vigor, que tendrá su cenit el 2 de junio próximo, poco ha dicho y participado la cúpula clerical, tan maltratada por la administración lopezobradorista.
Si bien los clérigos, de cualquier fe, tienen prohibido hablar de política pues no es ese el foco de su misión, tampoco se han quedado callados cuando la situación de violencia los alcanza, los rebasa y termina por afectar a sus congregaciones.
Por eso es que, por ejemplo, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, quien además es secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), denunció que “por lo menos’’ el 50% de los negocios de Cuautla paga derechos de piso y la población en general es extorsionada.
El mismo Castro ha venido denunciando cómo la delincuencia organizada se apropió del estado, a tal grado que imponen a presidentes municipales y financian campañas para otros puestos de elección popular.
El clérigo declaró hace unos meses que no tiene duda de que la delincuencia organizada “ya trata de influir en las elecciones del 2024’’.
En Morelos incluso las iglesias han sufrido intentos o extorsiones; como en Guerrero, si se quiere hacer una fiesta patronal hay que pagar al capo de la región para poder celebrarla.
Esas han sido denuncias persistentes, sobre todo de ministros religiosos católicos, aunque también otros ministros de otras confesiones han sido acosados, sobre todo en los estados en donde mayor presencia tiene la delincuencia organizada.
El asunto es que, hasta el momento, ninguna otra religión está tan articulada como la católica, desde hace mucho tiempo, y tiene representaciones en todo el territorio.
¿Qué hará pues la alta jerarquía de la fe aún mayoritaria en el país? ¿Se cargará a favor de alguna coalición o guardará silencio, como lo hizo en otras épocas igualmente complicadas para el país, aunque ninguna como la que atravesamos?
En las crisis anteriores, con excepción de la guerra cristera, los representantes católicos habían sido respetados e incluso la feligresía les concedió una autoridad moral que llegó a ser más respetada que el poder político representado por un alcalde o cualquier otro funcionario público.
Ya no es así en una basta porción del territorio nacional; en buena medida, porque la delincuencia, esa que iba a cambiar las armas por tractores el primer día de diciembre del 2018, no tienen más fe que el poder y el dinero.
