Jornada de violencia en Puno dejó 17 personas fallecidas, más de 40 heridos y una ola de saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la policía. Se ha declarado tres días de duelo y para hoy se ha convocado a movilizaciones en varias regiones del país.
Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el pasado 7 de diciembre del 2022, luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, quien se encuentra preso acusado de los delitos de rebelión y conspiración. Sin embargo, desde su juramentación, la población del sur del Perú expresó su rechazo, exigió su renuncia y el adelanto de elecciones para este 2023.
Es precisamente, el sur del país, de donde es natural Boluarte, de donde proviene la mayor resistencia a su gobierno. Apurímac (su tierra natal), Arequipa, Cusco, Tacna y Puno se han levantado no solo reclamando su salida, sino también pidiendo el cierre del Congreso y haciendo un llamado a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.
De acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo, las protestas en contra del gobierno ya cobraron la vida de al menos 45 compatriotas. Esto en apenas un mes y unos pocos días con Boluarte al mando del país.
Por estas muertes, el Ministerio Público le abrió investigación a la jefa deEstado y al primer ministro, Alberto Otárola, y otros de sus ministros de su Gabinete por la muerte de 28 personas por disparos presuntamente provenientes de efectivos de la Policía y el Ejército, durante las manifestaciones de diciembre de 2022.
A esta casi treintena de fallecidos se suman los 17 que perdieron la vida este 9 de enero de 2023 en la localidad de Juliaca, en la región Puno. La Defensoría informó que esta cifra aún no es definitiva, pues podría incrementarse, ya que muchos de los heridos se encuentran en situación crítica.
En poco más de un mes, 45 peruanos han muerto producto de los enfrentamientos que se han desatado entre civiles y las fuerzas del orden. En videos compartidos en redes sociales se observa el uso excesivo de la fuerza y disparos a mansalva de parte de militares y policías.
El 11 de diciembre de 2022, apenas cuatro días después del intento de disolución del parlamento, las muertes empezaron a registrarse. Un adolescente de 15 años, escolar del colegio Simón Bolívar de Andahuaylas, Apurímac, fue la primera víctima mortal de la escalada de violencia que no ha cesado.
Las víctimas se concentraron principalmente en seis regiones: Ayacucho, Apurímac, Junín, La Libertad, Cusco, Arequipa y Puno.
Desde Puno y ante su ausencia en el mensaje a la Nación que daba a conocer la posición del Gobierno, las autoridades de Puno y personalidades políticas exigieron la renuncia de Dina Boluarte, sobre todo por no asumir la responsabilidad política por las muertes que se han registrado en mes de mandato presidencial.
La exjefa de la PCM Mirtha Vásquez, hizo un llamado a que la mandataria dé un paso al costado por ser “incapaz de liderar una salida política y de controlar a las llamadas ‘fuerzas del orden’, permitiendo que maten a más peruanos. La Sra. Dina Boluarte no puede seguir al frente del Gobierno #DinaRenunciaYa. Paren la matanza en Puno”.
El alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, exigió el cese del uso de armas y represión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y pidió “la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte y adelanto de elecciones al 2023, así como buscar soluciones pacíficas y democráticas sobre esta crisis”.
El gobernador de Puno, Richard Huancco, adviertió, por su parte, que la indignación de los ciudadanos es de tal nivel que la gente solo se calmará cuando renuncie Dina Boluarte.
