La decisión de los talibanes de segregar a las comerciantes supone una nueva privación para los derechos de las afganas, que han sido severamente recortados desde el ascenso de los fundamentalistas al poder en agosto de 2021.
Además de limitar su acceso al trabajo, prohibir su acceso a la educación secundaria y superior e imponer el uso obligatorio del velo islámico, el régimen interino de los talibanes ha decretado numerosas restricciones que recluyen cada vez más a las afganas en sus viviendas.
Una realidad que se asemeja cada vez más a la época del primer régimen fundamentalista entre 1996 y 2001, cuando, de acuerdo con una rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali, prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.
Aparte de esta serie de órdenes dirigidas a las afganas, los talibanes vetaron el mes pasado que las mujeres trabajasen en las organizaciones no gubernamentales, bajo el pretexto de que muchas de las empleadas no portaban el velo.
Una decisión que recibió la condena de la comunidad internacional, y que llevó a varias de las ONG a suspender sus programas en Afganistán, mientras que la ONU llegó a alertar de que, de no producirse cambios en la normativa, se verían obligados a detener muchas actividades en el país.