Siempre se ha dicho que los procesos electorales son fundamentales para la democracia, pero el problema estriba en que en nuestro país las alertas rojas están encendidas ante el incremento de violencia contra candidatos de elección popular.
Al respecto, la organización Laboratorio Electoral e Integralia, han reportado cifras de violencia y muerte en el marco de la campaña electoral y cómo evoluciona la violencia contra los políticos, especialmente entre candidatos, la mayoría son presidentes municipales.
A la violencia criminal que enfrentan cada vez un mayor número de candidatos, se agregan decenas de atentados, agresiones, desapariciones, amenazas o intimidación que han sufrido en casi diez meses políticos y aspirantes a algún cargo de elección popular en México, señala la organización.
El Laboratorio Electoral contabilizó en su último reporte, 157 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el actual proceso electoral. De estos, 51 fueron asesinatos de los que 27 eran aspirantes a algún cargo de elección popular, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.
Hechos que no se encuentran todavía en los registros, son los asesinatos del aspirante a la alcaldía de Amatenango, Chiapas, Julián Bautista Gómez y el doble asesinato en Xochimilco de personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial.
La mayor autoridad en materia electoral, ha alertado que uno de los retos más alarmantes para la elección 2024 es la presencia del crimen organizado, pues “ha permeado en todos los rincones de la vida cotidiana”.
Recién, el magistrado Felipe de la Mata, afirmó que “la violencia por grupos criminales en las elecciones es un elefante en el cuarto de la democracia mexicana y visibilizar es el primer paso para remediar”.
El tema es que el escenario de violencia y muerte en el proceso electoral está presente en México, pero el reconocimiento pleno no existe.
Sin embargo, cabrían dos preguntas: ¿quién o quiénes están impulsando esta violencia? y la segunda, ¿se podrá mantener la gobernabilidad en el país?