Los vecinos de Benito Juárez exigen soluciones a la contaminación del agua.
Este domingo se cumplieron seis días de que los vecinos de la alcaldía Benito Juárez mantienen un bloqueo en la Avenida Insurgentes, una de las arterias más importantes de la capital, en protesta por la calidad del agua que se distribuye en sus colonias. Los manifestantes, que han colocado pancartas con lemas como “Solución al agua contaminada”, exigen una respuesta efectiva y medidas inmediatas ante lo que consideran una negligencia en los servicios básicos.
El bloqueo, que se extiende desde el Eje 5 Sur hasta el Viaducto, ha causado una considerable interrupción del tráfico, obligando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) a sugerir rutas alternas como Avenida Patriotismo y Avenida División del Norte. La situación ha afectado también la fluidez del Metrobús, aunque hasta el momento no se han reportado afectaciones directas en las estaciones de la Línea 1, que corre a lo largo de Insurgentes.
Este movimiento social surge como respuesta a las declaraciones recientes del jefe de Gobierno, Martí Batres, quien reconoció la presencia de contaminantes en el agua pero aseguró que estos “no representan riesgos graves para la salud”. Sin embargo, los ciudadanos afectados demandan pruebas más concluyentes y soluciones concretas, no solo advertencias para tomar precauciones.
La falta de un diálogo eficiente entre los manifestantes y las autoridades ha intensificado la situación, con los vecinos de Benito Juárez sintiéndose ignorados en sus peticiones de transparencia y acción inmediata. La problemática del agua no solo afecta la salud pública sino también refleja problemas más profundos en la infraestructura y en la gestión de recursos esenciales.
A medida que el bloqueo continúa, tanto residentes como autoridades se encuentran en un punto crítico, buscando negociar una solución que pueda despejar la vía y garantizar el derecho a servicios públicos adecuados y seguros. El desenlace de estas protestas podría sentar un precedente importante para cómo se manejan las demandas ciudadanas en temas vitales como es el acceso al agua potable en la metrópoli.
