El fundador de WikiLeaks está en un momento crucial en esta larga lucha en su caso judicial.
La saga legal de Assange se ha prolongado durante más de una década, pero podría llegar a su fin en el Reino Unido el lunes. Assange enfrenta una audiencia en el Tribunal Superior de Londres que podría terminar con su envío a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje o brindarle otra oportunidad de apelar su extradición.
El resultado dependerá del peso que los jueces den a las garantías que los funcionarios estadounidenses han brindado de que los derechos de Assange no serán pisoteados si es juzgado.
Assange, de 52 años, un experto en informática australiano, ha sido acusado en Estados Unidos de 18 cargos por la publicación de Wikileaks de cientos de miles de documentos clasificados en 2010, además de conspirar con Chelsea Manning para piratear una computadora del Pentágono, divulgando cables diplomáticos secretos y archivos militares sobre las guerras en Irak y Afganistán.
Si es declarado culpable, sus abogados dicen que podría recibir una pena de prisión de hasta 175 años, aunque las autoridades estadounidenses han dicho que es probable que cualquier sentencia sea mucho menor.
Assange y sus partidarios argumentan que actuó como periodista para exponer las irregularidades militares de Estados Unidos y que está protegido por la libertad de prensa garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
“Julian ha sido acusado de recibir, poseer y comunicar al público información sobre pruebas de crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Estados Unidos”, dijo su esposa, Stella Assange. “Denunciar un delito nunca es un delito”.
Los abogados estadounidenses dicen que Assange es culpable de intentar piratear la computadora del Pentágono y que las publicaciones de WikiLeaks crearon un riesgo grave e inminente para las fuentes de inteligencia estadounidenses en Afganistán e Irak.
El tribunal aceptó tres de sus argumentos y emitió un fallo provisional en marzo que decía que Assange podría llevar su caso al Tribunal de Apelaciones a menos que Estados Unidos garantizara que no enfrentaría la pena de muerte si fuera extraditado y que tendría las mismas protecciones de libertad de expresión que un ciudadano estadounidense.
