Enojo, molestia y preocupación es lo que dejó el corte de luz producido en la isla, que se encuentra en medio de una ola de calor.
Pueblos del centro y sur de Puerto Rico luchan por salir de un prolongado corte de energía que obligó a las autoridades del territorio estadounidense a activar un equipo de respuesta de emergencia y solicitar la distribución de alimentos a los necesitados.
El corte se produjo hace más de una semana y dejó sin electricidad a decenas de miles de clientes luego de que colapsara un transformador que excedía dos veces su vida útil.
Funcionarios de Luma Energy, que opera transmisión y distribución para la autoridad eléctrica de Puerto Rico, han dicho que las reparaciones podrían llevar más de un mes. El anuncio provocó una ira generalizada, especialmente porque el corte ha interrumpido el servicio de agua y se produce en medio de advertencias diarias de calor excesivo, con la temporada de huracanes en el Atlántico apenas comenzando.
Algunos políticos exigen que el gobernador Pedro Pierluisi declare el estado de emergencia. “La gente de Santa Isabel, Coamo y Aibonito no pueden soportar un día más sin electricidad”, dijo el senador puertorriqueño Héctor Santiago Torres, refiriéndose a los pueblos de las regiones centrales y sur de la isla caribeña. “Esta situación es insostenible”.
Más del 40% de los 3,2 millones de habitantes de Puerto Rico viven por debajo del nivel de pobreza, y no todos pueden permitirse generadores o reemplazar costosos electrodomésticos dañados por los apagones.
Los cortes de energía crónicos han afectado a Puerto Rico desde que el huracán María azotó en septiembre de 2017 como una tormenta de categoría 4 y arrasó la ya frágil red de la isla. Pero la interrupción más reciente ha persistido más que la mayoría.
Puerto Rico depende de plantas de energía que utilizan carbón, petróleo y gas natural para generar alrededor del 97% de la electricidad de la isla, y los esfuerzos para cambiar a energías renovables son lentos.
Además, una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla ha cuestionado la política de medición neta, que compensa a los hogares equipados con energía solar por sus contribuciones a la red, argumentando que socava la independencia de los reguladores de energía.
Los defensores de la energía solar advierten que el desafío podría obstaculizar la adopción de sistemas de baterías y solares en los tejados, especialmente para comunidades de bajos ingresos, poniendo en peligro el progreso de la isla hacia sus objetivos de energía renovable.
