México se encuentra estancado en el Estado de Derecho; en todas las entidades del país persisten desafíos como la contracción en la participación ciudadana, la inseguridad y los retos en el sistema de justicia penal, en particular tras el debilitamiento en la garantía al debido proceso.
De acuerdo con un análisis de la organización World Justice Project, denominado el Índice de Estado de derecho en México 2022-2023, que elaboró por sexta ocasión, se indica que ningún estado se acerca a la calificación idónea.
De hecho, la calificación general es de 0.41 en una escala del cero al uno y Elizabeth Andersen, directora ejecutiva de WPJ, comentó que a partir de ese informe se puede decir que “la mayor parte de los estados de México todavía enfrenta desafíos persistentes, aunque hay excepciones”.
Los estados que tuvieron los mejores resultados en estos rubros fueron Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Yucatán. En contraste, el Estado de México, Morelos, Quintana Roo, la Ciudad de México y Guerrero tienen la evaluación más baja en índices de Estado de Derecho, que incluye el combate a la corrupción, gobierno abierto y justicia penal, indica informe de la organización con sede en Washington, Estados Unidos.
Ninguna de las 32 entidades obtuvo la calificación máxima, el más alto fue Querétaro con 0.49.
El documento revela que la seguridad es uno de los mayores retos con altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia delictiva, aunque con una mejora importante en la percepción de la seguridad en las personas.
Las tasas de homicidios son de 25 por cada 100 mil habitantes y la tasa de incidencia delictiva es de 22 mil 587 víctimas por cada 100 mil habitantes, según el informe.
Asimismo, destacó que hay un fortalecimiento en la garantía a los derechos laborales al registrar mejoras en 19 estados.