Busca marcar una gran ofensiva para alrededor de 20 mil pandilleros.
El presidente de Honduras ha anunciado la creación de una nueva “megaprisión” con capacidad para 20.000 personas, parte de una ofensiva más amplia del gobierno contra la violencia de las pandillas y esfuerzos para reformar su sistema penitenciario, que lleva mucho tiempo en problemas.
La presidenta Xiomara Castro dio a conocer una serie de medidas de emergencia en un discurso televisado a nivel nacional, incluidos planes para fortalecer el papel del ejército en la lucha contra el crimen organizado, procesar a los narcotraficantes como terroristas y construir nuevas instalaciones para aliviar el hacinamiento a medida que aumentan la narcoviolencia y otros delitos en la nación de alrededor de 10 millones de habitantes.
Las ambiciones de “megaprisión” del izquierdista Castro reflejan las del presidente Nayib Bukele en el vecino El Salvador, quien ha construido la prisión más grande de América Latina: una instalación con capacidad para 40.000 personas para albergar a un número creciente de detenidos arrastrados por la campaña de arrestos masivos del presidente.
Las fuerzas de seguridad hondureñas deben llevar a cabo intervenciones urgentes en todas partes del país que ahora presencian las tasas más altas de violencia de pandillas, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos, dijo Castro.
Las autoridades planean construir y enviar de inmediato a gánsteres peligrosos a una prisión con capacidad para 20.000 personas cerca de la provincia rural de Olancho, en el este del país, dijo el mayor general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor del ejército.
Las redadas policiales intensificadas han elevado la población carcelaria hondureña a 19.500 reclusos, hacinados en un sistema diseñado para 13.000, informó el año pasado el comité nacional hondureño contra la tortura, o CONAPREV. El gobierno se ha apresurado a construir nuevos centros de detención.
El consejo de defensa de Honduras también exigió que el Congreso cambie el código penal para permitir a las autoridades detener a presuntos líderes de pandillas sin presentar cargos y llevar a cabo juicios masivos, como lo hacen con los presuntos terroristas.
La serie de medidas marcó el último ejemplo de la postura de línea dura de Castro en materia de seguridad que se intensificó en medio de un aumento de la narcoviolencia en 2022, cuando impuso un estado de emergencia para combatir el derramamiento de sangre y suspendió parte de la constitución, una página directamente del manual de Bukele en El Salvador.
La semana pasada, el ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, anunció que el gobierno registró un 20% menos de homicidios en los primeros cinco meses de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado.
