La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, realizó una visita a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador en la que están confinados miles de pandilleros, además de que se informó que se reunirá con funcionarios judiciales y de seguridad a efecto de conocer las estrategias del presidente Nayib Bukele para disminuir los índices de violencia.
La visita fue al CECOT, centro penitenciario diseñado para albergar a unos 40 mil pandilleros, una verdadera fortaleza ubicada a 72 kilómetros de la capital, que cuenta con un muro de concreto de más de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión protegido por alambradas electrificadas.
La ministra argentina publicó en sus redes que “nuestros presidentes, juntos para combatir a las mafias y llevar la paz a nuestros países. Juntos contra los criminales que asesinan masivamente y se creían dueños de nuestros países y sociedades”.
De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio de Seguridad de Argentina, Bullrich desea asimilar las estrategias implementadas por Bukele, con las cuales se logró disminuir los índices de violencia.
“Con foco en la seguridad pública, principalmente en la ciudad de Rosario (Santa fe), la ministra está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras”, agrega el comunicado.
En su visita, Bullrich también se reunió con el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, César Flores Murillo, y tiene previsto entrevistarse con Bukele.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con seis mil 656 homicidios anuales, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
El país concluyó el 2023 con 214 asesinatos, entre ellos 38 presuntos pandilleros muertos en supuestos enfrentamientos con policías o militares. En lo que va del año la policía ha registrado 64 homicidios, los cuales incluyen la muerte de cuatro presuntos delincuentes también en supuestos choques con la policía y la fuerza armada.
Bukele prometió erigir el enorme recinto carcelario —exclusivo para pandilleros— pocos días después de que el Congreso decretara por primera vez un régimen de excepción en marzo de 2022, que se ha prorrogado cada mes por más de dos años para perseguir a estos grupos criminales.
Desde entonces quedaron suspendidos derechos fundamentales como el de asociación, el de tener acceso a un abogado cuando se es detenido, e incluso el de conocer los cargos que motivaron la detención.
La megacárcel ha recibido críticas de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, de la organización Human Rights Watch y de varias organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos.