Con la medida quedan suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad y seguridad personales.
El Gobierno de Perú decretó este domingo el estado de emergencia en siete departamentos por un período de 60 días, debido a la crisis social y política que se vive en el país desde el pasado 7 de diciembre.
La medida rige en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, y cuenta con las firmas de la presidenta interina, Dina Boluarte; del jefe del Gabinete, Alberto Otárola; del ministro de Defensa, Jorge Chávez; y del ministro de Justicia, José Tello.
Mientras rija el estado de emergencia, el “control del orden interno” en dichas regiones estará a cargo de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con excepción de Puno, donde “se requiere que el control del orden interno sea asumido por las FF.AA.”.
Con esta disposición quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de tránsito, libertad y seguridad personales.
Además, en el departamento de Puno se declaró la “inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios” desde las 20:00 hasta las 04:00 horas por un período de diez días. La medida excluye al personal “estrictamente necesario” como trabajadores del sector sanitario, de abastecimiento de alimentos y productos farmacéuticos, servicios públicos, entre otros.
La crisis política e institucional en Perú ha entrado en un espiral aún más complejo luego de que Congreso rechazara por cuarta ocasión una de las mayores demandas de la ciudadanía en las masivas protestas, que se extienden en el país desde hace casi dos meses: el adelanto de elecciones generales para 2023.
Aparte de la renuncia de Boluarte y el adelanto electoral, los manifestantes, que han tomado las calles desde la destitución legislativa de Pedro Castillo y su detención por presunta rebelión y conspiración, el pasado 7 de diciembre, reclaman el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente, al tiempo que piden justicia para unas 60 personas que han muerto en las protestas, fuertemente reprimidas por la Policía y el Ejército.
Al menos 69 personas han perdido la vida en el marco de las movilizaciones.
