El presidente Andrés Manuel López Obrador, evitó opinar sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en las que alertó que la aprobación de la reforma al Poder Judicial podría afectar las relaciones bilaterales.
“Sin comentarios. O sea, uno es dueño de su silencio, a veces rehén de lo que dice. Ya hablamos con Ken Salazar en su momento, está muy claro, ya se entendió”, aseguró el mandatario.
La reacción del presidente ocurre luego de que Ken Salazar insistiera durante una conferencia de prensa en advertir sobre los riesgos de la reforma al Poder Judicial, aprobada por diputados mexicanos.
“Estoy en acuerdo que sí se tienen que hacer reformas para fortalecer la Corte si no se hace de manera bien puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nada más como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos”, enfatizó el diplomático.
López Obrador aseguró que con la aprobación de la reforma no pasa absolutamente nada y presumió que México es uno de los países más atractivos para la inversión porque tenemos a los mejores trabajadores del mundo, aseveró.
“¿Cómo creen que no van a seguir llegando inversiones si tenemos lo mero principal, la mano de obra. Agréguenle 3 mil 180 kilómetros de frontera con el mercado más grande del mundo. Qué en este sexenio, desplazamos a China y Canadá y somos el principal socio de Estados Unidos”, cuestionó.
Recordó, además, que México es un país independiente y soberano “nada más”.
La polémica entre Salazar y López Obrador ocurrió porque el representante de Washington en México criticó públicamente y de manera reiterada el proyecto de reforma judicial, que busca la elección de jueces por voto popular en México, lo que ha despertado inquietud entre inversionistas y políticos estadounidenses.
A estas alertas se sumó la Embajada de Canadá en México, que reportó preocupación de los inversionistas por estas reformas.
La transformación del Poder Judicial pretende realizar elecciones en dos primeros momentos, en 2025 y 2027, para elegir a la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y todos los jueces y magistrados federales.
Esta iniciativa ha generado incertidumbre a nivel global, lo que ha repercutido en una volatilidad en torno al tipo de cambio peso mexicano-dólar y advertencias sobre repercusiones a la inversión extranjera por falta de certeza.