La Reforma Judicial que se está gestando en México ha generado una gran incertidumbre entre las empresas estadounidenses y extranjeras.
Esta incertidumbre genera retrasos en las inversiones en el país mientras se evalúan las posibles repercusiones.
La reforma de López Obrador, ha mostrado durante sus seis años en el poder, una resistencia a las empresas extranjeras, que afectan a las industrias claves como la tecnología de la información, la manufactura automotriz y la infraestructura de gas natural, entre otras.
Global Companies in Mexico se encuentra conformada por alrededor de 60 grandes empresas estadounidenses. Algunas de las empresas que forman parte son AT&T, FedEx y General Motors.
Representantes de estas empresas estiman que al menos 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión extranjera en sectores como tecnología de la información y manufactura automotriz, corren riesgo.
También se muestran preocupados porque revisiones de T-MEC previstas para el 2026, se puedan comprometer.
La incertidumbre de la Reforma Judicial ha generado que la mayoría de las empresas internacionales pospongan sus inversiones hasta que haya mayor claridad.
Otra parte que se ha mostrado inconforme es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México que argumenta que estos cambios violarían las provisiones del T-MEC, las cuales exigen magistrados independientes.
Muchos magistrados en México han expresado que los cambios propuestos podrían violar los tratados comerciales internacionales de México.
Ken Salazar, embajador estadounidense en México, ha enfatizado que la reestructuración del poder judicial, si no se realiza correctamente, podría dañar seriamente la relación entre ambos países.
Inversionistas canadienses expresaron sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el Gobierno para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte, declaró el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark.
Sin embargo también ha comentado que la reforma judicial es un tema que compete a los mexicanos en pleno derecho de su soberanía; sin embargo, reconoció que los inversionistas de su país siguen con interés este proceso y están preocupados ante algunos escenarios que pudieran presentarse de aprobarse los cambios al Poder Judicial.
Earl Anthony Wayne, ex embajador de EE. UU. en México, expresó que muchos ejecutivos estadounidenses están en espera de los resultados de la reforma antes de continuar con sus inversiones. Opinó que, de aprobarse tal como se espera, será difícil que México atraiga inversiones de relocalización necesarias para competir con China, crear empleos y combatir la pobreza.
La reforma judicial introducida por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propone cambios significativos como la elección popular de los magistrados y la creación de un nuevo tribunal disciplinario. Este tribunal estaría compuesto por miembros elegidos democráticamente, lo que ha causado alarma por la posible politización de la justicia.
Esta propuesta ha sido ha sido recibida con protestas: jueces y trabajadores de tribunales han salido a huelga, y manifestantes han bloqueado el acceso al Congreso.
Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, ha intentado calmar las inquietudes de los inversores y diplomáticos afirmando que la reforma no afectará las inversiones extranjeras ni las relaciones comerciales.
En el contexto de las preocupaciones sobre futuras inversiones, el valor del peso mexicano ha caído un 15% frente al dólar estadounidense desde que Sheinbaum ganó la presidencia. Un descenso que refleja la percepción de inestabilidad económica asociada a la posible reforma judicial y la incertidumbre electoral en Estados Unidos, según explicó Alejo Czerwonko de UBS Global Wealth Management.
Este ambiente ha llevado a que bancos y empresas prevean un aumento en los costos de arbitraje internacional debido a la necesidad de evitar los tribunales mexicanos. Además, la incertidumbre financiera podría limitar el crédito corporativo, según señalaron varios banqueros a The Wall Street Journal.
El secretario general de la Cámara de Comercio México-Unión Europea (MexChamEU), César Guerra, asegura que el impulso de políticas que generan incertidumbre y cuestionamientos, como la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), no contribuye a sacar ventaja del gran momento que vive el país por el acomodo geoestratégico y la enorme confianza ciudadana depositada en las urnas.
Además, podría repercutir en la oportunidad creada por el cambio de administración en México y la renovación del mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para concretar la modernización del acuerdo global, seis años después de que ambas partes alcanzaran un arreglo de principio.