Así lo reportó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria que detectó 90 mil presos sin sentencia en México, donde alrededor del 50% están sujetos a detención preventiva oficiosa y los arrestos arbitrarios son una práctica generalizada.
Fue entregado un informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras visitar el país del 18 al 29 de septiembre de 2023 por invitación del Gobierno.
En el informe se observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan el derecho a la libertad.
El informe consideró preocupante la prisión preventiva oficiosa excesivamente prolongada, al detectar a personas que han pasado más de cinco años en la cárcel con esta figura, lo que ha contribuido a una población encarcelada de cerca de 230,000.
También alertó de la militarización de la seguridad pública al reportar 100,000 soldados en tareas policiales y de control migratorio. Muchas personas detenidas por personal militar son sometidas con frecuencia a graves actos de violencia y tortura.
Sostuvo que ha habido un aumento en el encarcelamiento de consumidores de drogas, pero constató que fuerzas de seguridad fabricaron cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsos o ropa.
Aunque celebró la Ley de Amnistía que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en 2020, el informe también reportó que solo alrededor de 424 personas habían sido liberadas mediante amnistía al momento de su visita.
Entre otros problemas, enunció también “el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial”, y las “carencias en las condiciones de detención”.