Este fin de semana la oposición de la derecha española exigió la renuncia de Pedro Sánchez; además anunció una denuncia judicial contra su Partido Socialista por presunta corrupción, tras darse a conocerse nuevas informaciones que implican a quien fuera el hombre de confianza del presidente del gobierno.
“Le pedimos a Pedro Sánchez la dimisión, no puede estar ni un solo minuto más al frente del gobierno de España”, afirmó en rueda de prensa la secretaria general del conservador Partido Popular (PP), Cuca Gamarra.
“Los detalles que se están conociendo dibujan una corrupción sistematizada a cuya cabeza se sitúa Pedro Sánchez. Hoy lunes el Partido Popular va a presentar una querella contra el Partido Socialista por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias para que se investigue hasta el final un escándalo sin precedentes”, prosiguió la portavoz.
Se producen estas declaraciones después de la publicación de un informe de la Guardia Civil que sitúa al antiguo hombre de confianza y exministro de Sánchez, José Luis Ábalos, en el centro de un escándalo de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia.
Abalós fue ministro de Transportes desde 2018 hasta 2021 y por años figura del círculo íntimo de Sánchez, ya había sido expulsado del Partido Socialista al estallar el escándalo en febrero, cuando fue detenido una persona de la máxima confianza de Ábalos bajo acusación de haber recibido comisiones ocultas en los contratos por las mascarillas.
Ábalos, quien sigue siendo diputado aunque independiente, todavía no ha sido imputado de ningún delito.
En el informe, la Guardia Civil señala que un miembro de la trama se refería a una persona como “El 1”, y sospechan que se trataría de Pedro Sánchez, por lo que el PP asume que el jefe del gobierno está implicado.
“Estamos hablando de que él mismo (Sánchez) tiene un alias dentro de toda esta trama de corrupción”, señaló Gamarra, quien recordó otros casos de presunta corrupción alrededor del líder socialista, como el de su esposa, Begoña Gómez.
Gómez está siendo investigada por la justicia por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido para conseguir favores de empresas, en particular de un empresario español que obtuvo ayudas públicas.