Después de imponer abruptamente la ley marcial el 3 de diciembre, Yoon envió tropas y policías para rodear la Asamblea Nacional.
El presidente de Corea del Sur, que fue sometido a juicio político, negó que haya ordenado a los militares que sacaran a los legisladores de la Asamblea Nacional para evitar que votaran en contra de su decreto de ley marcial el mes pasado, al comparecer por primera vez ante el Tribunal Constitucional que determinará su destino. La presencia de Yoon Suk Yeol en el tribunal fue su primera aparición pública desde que se convirtió en el primer presidente en funciones de Corea del Sur en ser detenido por su efímera declaración de la ley marcial, que sumió al país en la agitación política.
Después de imponer abruptamente la ley marcial el 3 de diciembre, Yoon envió tropas y policías para rodear la Asamblea Nacional, pero suficientes legisladores lograron entrar para votar unánimemente en contra de su decreto, lo que obligó al gabinete de Yoon a levantar la medida temprano a la mañana siguiente.
Yoon, un conservador, ha argumentado desde entonces que su envío de tropas no tenía como objetivo bloquear la asamblea, sino que era una advertencia al principal partido de oposición liberal, el Partido Demócrata, que ha utilizado su mayoría en la legislatura para obstruir la agenda de Yoon, socavar su proyecto de ley presupuestaria y enjuiciar a algunos de sus altos funcionarios.
En su anuncio de la ley marcial, Yoon calificó a la asamblea como una guarida de criminales que estaba empantantando los asuntos gubernamentales, y prometió eliminar a los “desvergonzados seguidores de Corea del Norte y a las fuerzas antiestatales”.
Los comandantes de las unidades militares enviadas a la asamblea no han estado de acuerdo con la postura de Yoon. Kwak Jong-keun, comandante de una unidad de fuerzas especiales, dijo en una audiencia de la asamblea que Yoon lo había llamado directamente y le había pedido a sus tropas que destruyeran rápidamente la puerta y sacaran a rastras a los legisladores que estaban dentro. Kwak dijo que no cumplió la orden.
Yoon dijo que los legisladores podrían haberse reunido en algún lugar más tarde para revocar el decreto. También argumentó que habría habido una reacción popular si hubiera intentado impedir físicamente una votación en la asamblea.
La asamblea impugnó a Yoon el 14 de diciembre, suspendiendo sus poderes presidenciales. El Tribunal Constitucional tiene hasta junio para determinar si lo destituye formalmente como presidente o lo restituye. Los observadores dicen que se espera que el tribunal emita un fallo antes.
Por otra parte, las autoridades policiales están investigando si Yoon y otros cometieron rebelión, abuso de poder y otros delitos en relación con el decreto de la ley marcial. Por ley, el líder de una rebelión puede enfrentarse a cadena perpetua o a la pena de muerte.
El decreto de ley marcial de Yoon ha sacudido las actividades diplomáticas y los mercados financieros de Corea del Sur y ha dañado su imagen internacional como una democracia vibrante. La posterior rebeldía de Yoon y el impulso de la oposición para derrocarlo también han intensificado la ya grave división interna de Corea del Sur.
