La medida reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus, con lo cual se le daría al virus un trato de amenaza endémica a la salud pública que puede ser manejada a través de las autoridades normales de las agencias
El presidente Joe Biden le informó al Congreso el lunes que el 11 de mayo pondrá fin a las dos emergencias nacionales para enfrentar el COVID-19, ya que la mayor parte del mundo está viviendo más cerca de la normalidad casi tres años después de que fueron declaradas por primera vez.
La medida para poner fin a las declaraciones de emergencia nacional y de salud pública reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus, con lo cual se le daría al virus un trato de amenaza endémica a la salud pública que puede ser manejada a través de las autoridades normales de las agencias.
El anuncio se produce cuando los legisladores ya han puesto fin a medidas de emergencias que mantuvieron a millones de estadounidenses confinados durante la pandemia. Combinado con la retirada de la mayor parte del dinero federal de ayuda por el COVID-19, también quedaría por fuera el desarrollo de vacunas y tratamientos de la gestión directa del gobierno federal.
El Congreso ya ha mitigado el alcance de la emergencia de salud pública que tuvo el impacto más directo en los estadounidenses, a medida que se intensificaron los llamados políticos para poner fin a la declaración.
Los legisladores se han negado durante meses a cumplir con la solicitud de la administración Biden de miles de millones de dólares más para extender las pruebas y vacunas de COVID gratuitas.
Y el paquete de gastos aprobado el año pasado y promulgado por Biden puso fin a una regla que prohibía a los estados sacar a las personas de Medicaid, una medida que se espera que haga que millones de personas pierdan su cobertura después del 1 de abril.
También se espera que los costos de las vacunas COVID-19 se disparen una vez que el gobierno deje de comprarlas, y Pfizer dice que cobrará hasta $130 por dosis. Solo el 15% de los estadounidenses han recibido el refuerzo actualizado y recomendado que se ha ofrecido desde el otoño pasado.
Una vez que expire la emergencia, las personas con seguro privado tendrán algunos gastos de bolsillo por vacunas, pruebas y tratamiento, mientras que los no asegurados tendrán que pagar esos gastos en su totalidad.
Los legisladores ampliaron las flexibilidades de telesalud que se introdujeron cuando llegó el COVID-19, lo que llevó a los sistemas de atención médica de todo el país a brindar atención regularmente por teléfono o computadora.
La administración de Biden había considerado previamente poner fin a la emergencia el año pasado, pero se detuvo en medio de preocupaciones sobre un posible “aumento invernal” de casos y para proporcionar el tiempo adecuado para que los proveedores, las aseguradoras y los pacientes se prepararan para su fin.
Un alto funcionario de la administración dijo que los tres meses hasta el vencimiento marcarían un período de transición en el que la administración “comenzará el proceso de una reducción operativa sin problemas de las flexibilidades habilitadas por las declaraciones de emergencia de COVID-19.
