Uruguay se mantienen en vilo, tras una serie de amenazas de atentados a sitios de aglomeración pública desde hace más de una semana múltiples advertencias provocaron una seguidilla de evacuaciones en la capital y otras ciudades.

Los casos bajo investigación y por los que hay ya tres personas judicializadas, resultaron ser falsas alarmas, pero han generado inquietud en este país de 3.5 millones de habitantes, considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica.

La policía informó que unas 20 llamadas telefónicas y al menos cinco correos electrónicos amenazantes dirigidos cuanto más de una docena de instituciones públicas y privadas están bajo estudio desde el 22 de marzo.

Dos personas fueron imputadas por simulación de delito y violencia privada: una mujer de 28 años por amenazas a un centro comercial, y un joven de 20 por amenazas a centros educativos.

Ambos cumplen prisión domiciliaria con tobillera electrónica, ella por 45 días y él por 120, como medida cautelar mientras avanzan las pesquisas.

Aparte, un hombre de 32 años que se desempeñaba como guardia de seguridad en el Montevideo Shopping Center fue condenado a seis meses de prisión por las amenazas a ese complejo y a dos hospitales. Cumplirá su pena en régimen de libertad a prueba y trabajo comunitario.

Insólitamente, había dado una entrevista por los desalojos al centro comercial. “Dijeron que había una amenaza y evacuamos”, declaró a Canal 12 el 23 de marzo.

Los tres detenidos no son las únicas personas involucradas, advirtió el ministro del Interior, Carlos Negro, quien prometió llevar “a todas y cada una” a la justicia y cobrarles las multas estipuladas por la ley, que pueden alcanzar los 182,000 pesos (unos 4,300 dólares).

La policía también investiga la amenaza de una masacre que recibió la estatal Universidad de la República (Udelar) el miércoles pasado, cuyo autor dijo pertenecer al grupo 764, una red online vinculada a amenazas violentas en Estados Unidos y España.

Un correo electrónico similar al dirigido a la Udelar llegó a la Universidad Católica del Uruguay (UCU), la cuál solo se limitó a comunicar que un mensaje con una amenaza había provocado el desalojo y la suspensión de las clases en sus campus en Montevideo, Salto y Punta del Este. Más tarde indicó que la actividad se había reiniciado con normalidad en la tarde.

Un centenar de llamados por artefactos explosivos, casi todos correspondientes a centros educativos, fueron registrados en 2024 en Uruguay, de los cuales la enorme mayoría fueron falsa alarma, según datos oficiales.