Organizaciones denunciaron que los acuerdos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos provocan criminalización y discriminación.
México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos cuentan con acuerdos que les permiten intercambiar datos biométricos de personas migrantes, denunciaron las organizaciones Access Now y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), al tiempo que exigieron que anulen dichos tratados.
De acuerdo con las asociaciones, desde 2013, México cuenta con un memorando de cooperación no vinculante con Estados Unidos, que permite el intercambio transfronterizo de esta y otra información personal de quienes se encuentran en contexto de movilidad. A su vez, Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron convenios similares desde 2014.
Ante esto, Access Now y R3D consideraron que estos provocan criminalización y discriminación contra este sector, al tiempo que invaden la privacidad de las personas involucradas y “facilita la toma de decisiones arbitrarias”, como negarles de ingreso al país o separarlos de sus familiares.
Esto dificulta analizar su impacto sobre los derechos humanos, al tiempo que perpetúa prácticas abusivas, concluyeron.
Debido a ello, exigieron que se rescindan dichos acuerdos y no sean permitidos hasta que no exista una ley de protección de datos personales local en cada nación involucrada.
Asimismo, pidieron que se prohiba el perfilamiento masivo de personas en contextos migratorios y humanitarios, junto con las tecnologías con capacidades analíticas “predictivas” y el uso de sistemas interoperables con capacidades de geolocalización.
Esto debido a que estos pueden incurrir en racismo, discriminación, xenofobia e intolerancia. Además, podría atentar contra el derecho a la libre circulación y aumentar las situaciones de violencia en las fronteras, dificultando incluso las solicitudes de asilo.
También demandaron que no se tomen decisiones sobre el destino migratorio de un individuo con base en sistemas automatizados o semiautomatizados
Por último, solicitaron que, de existir un convenio que permita recoger los datos biométricos, su tratamiento no sea discrecional y se limite la cantidad de agencias y personas que tengan acceso a ellos.
Igualmente, pidieron que se garantice el consentimiento libre e informado de las personas titulares antes de que se recolecten y se den protecciones especiales para niños, niñas y adolescentes, ya que los acuerdos no los excluye explícitamente.
