El Alto Comisionado de la ONU expresó este lunes su “consternación” por la promulgación de esta legislación “draconiana”.
Uganda promulgó este lunes una controvertida ley contra la comunidad LGBT que incluye duras penas por las relaciones entre personas del mismo sexo, una norma muy criticada por gobiernos occidentales y calificada como una de las más represivas del mundo.
“El presidente aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad 2023”, anunció el despacho del dirigente, Yoweri Museveni, en un breve comunicado en su cuenta de Twitter.
La ley, fustigada por la ONU y países como Estados Unidos, se aprobó el 21 de marzo en el Parlamento. Los legisladores la defendieron afirmando que estas medidas protegen la cultura nacional y sus valores.
La promulgación atizó los temores desatados en las primeras lecturas, durante las cuales el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el texto de “discriminatorio”.
El Alto Comisionado expresó este lunes su “consternación” por la promulgación de esta legislación “draconiana”, afirmando además que “es contraria a la Constitución y los tratados internacionales” y abre vías para que haya “violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBT”.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó la norma de “trágica violación” de los derechos humanos y pidió su derogación.
El dirigente también pidió analizar “los compromisos de Estados Unidos con Uganda en todos sus aspectos”, como las inversiones y otras ayudas, según un comunicado de la Casa Blanca.
Amnistía Internacional denunció por su parte una “ley profundamente represiva” y la directora adjunta para África de Human Rights Watch, Ashwanee Budoo-Scholtz, lamentó que el país hiciera “un paso en dirección equivocada”.
La oenegé local Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF) anunció por su parte que remitió esta ley “abiertamente inconstitucional” al Tribunal Superior de Uganda.
A finales de abril, el presidente Museveni pidió a los parlamentarios que volvieran a examinar el texto, instándolos a precisar que no es un crimen “ser homosexual”, pero que sí están penalizadas las relaciones entre personas del mismo género. La enmienda clarificó que no será delito la orientación sexual, pero sí los “actos”, que pueden ser castigados, incluso con cadena perpetua.
Pese a que Museveni aconsejó a los legisladores que eliminaran una disposición que penaliza la “homosexualidad agravada”, los parlamentarios mantuvieron este artículo que implica que personas reincidentes puedan ser incluso condenadas a la pena capital.
La homosexualidad está penalizada en Uganda desde las leyes que rigieron durante la colonización británica, pero desde la independencia en 1962 nunca ha habido una condena por actos sexuales consentidos entre personas del mismo género.
La legislación cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública en el país, mayoritariamente cristiano, donde la población es muy religiosa y la comunidad LGBT sufre mucha discriminación.
El debate de la ley en el Parlamento estuvo marcado por el uso de insultos homofóbicos y el propio presidente se refirió a las personas que sienten atracción por otras de su mismo género como “pervertidas”.
La presidenta del Parlamento, Anita Among, celebró este lunes la promulgación del texto.
“Como Parlamento de Uganda, tomamos en cuenta las preocupaciones de nuestro pueblo y legislamos para proteger el carácter sagrado de la familia (…) Nos mantuvimos firmes para defender la cultura, los valores y las aspiraciones de nuestro pueblo”, afirmó.
La ley establece que las organizaciones acusadas de incentivar las relaciones entre personas del mismo sexo pueden ser prohibidas durante diez años.
Las reacciones de la sociedad civil han sido silenciadas en un país donde Museveni gobierna con mano de hierro desde 1986.
Pero, a nivel internacional, el proyecto de ley provocó indignación.
Después de la primera votación, el 21 de marzo, la Casa Blanca ya había advertifo al gobierno ugandés de posibles repercusiones económicas si la ley entraba en vigor.
Durante su tramitación, también fue condenada por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.
La ley generó asimismo temores entre las organizaciones humanitarias.
“El progreso de Uganda en su lucha contra el VIH está seriamente comprometido”, afirmaron en un comunicado tres organizaciones incluyendo el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y el paludismo y la agencia estadounidense USAID.
